Una vez desalojado Andrés Mountbatten Windsor de Royal Lodge y despojado de todos sus títulos y privilegios, la Corona británica no desea más ovejas negras en la familia. Sin embargo, el asunto de los alquileres ha provocado que todas las miradas apunten ahora hacia Bagshot-Park, la mansión de 120 habitaciones en Surrey de Eduardo y Sofía de Edimburgo. El duque firmó en 1998 un contrato de arrendamiento por 50 años con una renta anual simbólica de unos 6.000 euros, que posteriormente se elevó a 105.000 euros tras una reforma en la que Eduardo aportó cerca de 1,6 millones de euros y la Casa Real otros 3,5 millones.

En 2007, Eduardo amplió el contrato a 150 años mediante un pago adelantado de casi seis millones de euros, lo que le garantiza la residencia con una renta mínima, conocida coloquialmente como “el grano de pimienta”. En el contexto actual de mayor escrutinio sobre los privilegios de los miembros de la familia real, los ciudadanos consideran que este tipo de contratos perpetúan ventajas económicas injustificadas y fomentan la opacidad en el uso de propiedades públicas.

Gran peso institucional

El duque de Edimburgo, hijo menor de la reina Isabel II, y su esposa Sofía son piezas de peso en la agenda diaria de la monarquía. Su relevancia creció tras la muerte de Isabel II y con la reducción del “núcleo duro” de miembros activos. Sofía, como duquesa de Edimburgo, ocupa, igual que su marido, un rango alto en precedencia, aunque siempre subordinado a los reyes y a los príncipes de Gales

Asisten a numerosos actos oficiales, patronazgos y representaciones internacionales, especialmente desde la marcha de Harry y Meghan y el apartamiento de Andrés. En los últimos años Sofía se ha consolidado como una de las miembros más activas y fiables, aumentando de forma notable el número de compromisos al asumir parte del vacío dejado por otros Windsor.

Su ejemplaridad se ha visto ahora empañada por el contrato con un precio que la prensa británica considera irrisorio teniendo en cuenta las dimensiones de la mansión. "Los observadores cuestionan la legitimidad de la ocupación del Príncipe Eduardo de Bagshot Park, una finca que podría ser arrendada por el Patrimonio de la Corona para beneficio de los contribuyentes", dice "The Times" tomando una declaración de un portavoz de la asociación antimonárquica Republic.

"No hay ninguna razón para que Eduardo se beneficie de viviendas sociales. Estas propiedades pertenecen al Estado. No deberían estar a la discreción del monarca para su familia. La mayoría de la gente desconoce quién es Eduardo ni a qué se dedica. ¿Por qué recibe algún tipo de subvención pública?", comentó el activista antimonárquico. Ni el Palacio de Buckingham ni el Patrimonio de la Corona han querido responder hasta el momento.