Los frentes abiertos de Isabel Pantoja ante la Justicia

El maldito parné, o más bien, su inexplicable falta, vuelve a poner a una de las cantantes mejor pagadas de España a las puertas de la cárcel. El horizonte se presenta muy oscuro para Isabel Pantoja que ya fue condenada a prisión, en 2015, por blanquear el dinero de su ex pareja, Julián Muñoz. A la espera de que llegue a un acuerdo extrajudicial con su hijo Kiko, quien calcula que le debe entre dos y tres millones de euros de su herencia, y con los hijos mayores de Paquirri, Fran y Cayetano, que también siguen la vía amistosa para recuperar las pertenencias que heredaron de su padre, la tonadillera se enfrenta a las siguientes causas.

Por un lado,la Fiscalía la considera cooperadora necesaria enun delito de insolvencia punible; y, por otro, la considera «cooperadora necesaria» en el proceso que ha interpuesto la constructora cordobesa Hormofer contra el representante legal de su homónima, Codabe S.L., e Isabel Pantoja Martín. De los cuatro delitos por los que se investigaba a la artista y al autor de la presunta estafa, Antonio Pérez Porras, alzamiento de bienes, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible, solo será juzgada por este último, cuya condena máxima es de tres años de cárcel.

Aunque el fiscal no considera a Pantoja la autora material del delito, al ser cooperadora necesaria tendrá la misma pena que le impongan a Antonio Pérez Porras, abogado de Codabe, empresa que construyó Cantora Kopas. Si se consigue probar que se aliaron para beneficiarse económicamente, perjudicando los intereses de la empresa que se había hecho con el crédito de la deuda contraída por la construcción de la discoteca que tenía la cantante en Fuengirola, ambos podrían ser condenados a prisión.

Los hechos presuntamente delictivos se remontan a mediados de 2015 cuando Isabel vendió «Mi Gitana», el chalet en la urbanización Nueva Andalucía de Marbella que compartió con Julián Muñoz durante varios años. Así, en una operación de compraventa gestada in extremis tras el ingreso en prisión de Isabel en 2015, Agustín Pantoja firma con la sociedad Grand Fashion Banus S.L la venta de la polémica vivienda de su hermana por 2.255.476 de euros. Aunque fue su hermano quién firmó en su nombre, gracias a los poderes que le otorgó Isabel, la responsable es ella.

Loli, la quiosquera

Loli Pozo, una octogenaria quiosquera jubilada, y un empresario sevillano, que prefiere mantener el anonimato, han puesto en jaque a Isabel Pantoja al reclamar judicialmente lo que ésta les adeuda desde hace años. Buenos amigos de la tonadillera no dudaron en acudir en su auxilio cuando estuvo en apuros por su condena por blanqueo de capitales. Seis años después, y hartos de las largas de Isabel para devolverles lo prestado, han elevado sus reclamaciones a los tribunales para que impartan justicia.

Loli, dueña de un quiosco de prensa cercano a la casa en la que vivió Isabel junto a Paquirri, le prestó 86.000 euros, los ahorros de toda su vida, sin imaginar lo difícil que sería recuperarlos. La tonadillera aún le adeuda 76.000 euros. «Va a hacer siete u ocho años que lo pidió, porque lo necesitaba antes de entrar en la casa grande», dijo en El Programa de Ana Rosa Quintana. La última vez que vio a la que consideraba su amiga fue «cuando ingresaron a su madre, que fui a verla y fue como si le hubieran entrado los demonios. Le cambió la cara. Desde entonces nada». Tras el desplante, denunció a la artista.

El mismo camino siguió otro amigo de la familia, un empresario andaluz, que también ha tenido que acabar en los juzgados para reclamar los cerca de cien mil euros que le prestó a Isabel. Antes de interponer acciones legales, según la información que maneja Paloma García-Pelayo, acudió a Cantora a reclamar su deuda a Isabel, y ella le despidió, negándose a pagar.

La respuesta de la madre de Kiko Rivera ante las actuaciones judiciales de sus acreedores ha sido la misma: tras dar la callada por respuesta les ha dejado plantados en los juzgados. Así, no solo evitó presentarse al acto de conciliación interpuesto por Loli, el pasado 16 de marzo, tampoco se presentó en el juzgado de Chiclana, que lleva la reclamación del empresario sevillano. Por ese motivo, la cantante fue condenada a pagar las costas del proceso. Ellos son los primeros, de una larga lista de acreedores, en reclamar civilmente sus deudas a la cantante.

Lo mismo ocurre con su hijo Kiko y sus hermanos, Fran y Cayetano, que siguen en pie de guerra con ella a cuenta de la «herencia envenenada» de su padre. Le reclaman lo que es suyo en los medios, pero no se deciden a actuar legalmente. Si la artista no cambia de actitud puede caer sobre ella el peso de la Ley.