El Estado traspasará a Cataluña becas y 150 edificios de la Seguridad Social

Previamente, serán cedidos a Economía y Hacienda en pago del préstamo que, en su día, concedió a este organismo para separar las fuentes de financiación de la sanidad y de las pensiones.
Una vez se apruebe la ley de pensiones, en trámite parlamentario, Hacienda traspasará los inmuebles a Patrimonio. A partir ese momento se abrirá un plazo de seis meses para su transferencia a Cataluña. Es decir que en enero la Generalitat disfrutará de la titularidad de estos edificios, si se cumple la «hoja de ruta de autogobierno de Cataluña» trazada ayer por Josep Antoni Duran Lleida y Manuel Chaves. Sin embargo, el vicepresidente rehusó aclarar si es imprescindible que el Ejecutivo central agote su legislatura para cumplir este calendario.
Ahora estos inmuebles se usan, en su mayoría, para servicios sanitarios y sociales. Aunque Duran cifró en unos 150 los que se traspasarán, Chaves prefirió no cuantificar el montante final. Para ello, se creará un grupo de trabajo que elaborará un censo exacto de los edificios afectados por la cesión.
El Estado liquidará a Cataluña 759 millones correspondientes a 2008 por inversiones en infraestructuras, en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut. No obstante, el presidente catalán de la Comisión Bilateral aseguró no estar de acuerdo con los cálculos empleados para esta liquidación. Además, puso encima de la mesa sin éxito la vindicación catalana del de 1.500 millones a cuenta del fondo de competitividad. Mayor suerte tuvo con la cesión de las becas para el curso 2011-2012. El líder nacionalista calificó este acuerdo de «excelente». No obstante, el traspaso de esta materia, que incluirá la capacidad normativa, está aún en fase negociadora. Es más, Chaves avisó de que se trata de un proceso lento, ya que la negociación lleva mucho tiempo «atascada» por discrepancias sobre la valoración económica del traspaso. Pese a ello, valoró la reanudación de las negociaciones en esta materia y la decisión de las dos partes de darle un impulso.
Además, Duran consiguió arrancar una batería de medidas aeroportuarias, entre las que destaca la apertura del aeropuerto de Lleida al tráfico internacional. El portavoz de CiU en el Congreso destacó la importancia de esta decisión para el sector turístico, que verá como aumenta el turismo de invierno procedente del Reino Unido y Rusia.
La Generalitat, al final, se llevó el gato al agua y habrá una mayor presencia catalana que española en la sociedad de vigilancia de la sociedad adjudicataria de El Prat, con cinco miembros (dos para el Ejecutivo catalán, uno para el ayuntamiento de Barcelona, otro para los municipios de El Prat, Sant Boi de Llobregat y Viladecans y un quinto para los agentes económicos catalanas). Mientras, Aena se quedará con una representación de cuatro miembros.
Sin embargo, no asumirá la gestión de los aeropuertos de Sabadell, Reus y Girona por sus déficits. Los desfases contables de estos centros no computan, en términos de contabilidad nacional, en las cuentas del Estado por estar en manos de Aena. Si pasarán a las de la Generalitat, repercutirían en su déficit. Por eso no serán desclasificados, aunque se estudiará un modelo de gestión «individualizada», con un «papel determinante» de Cataluña.

Cataluña, como Euskadi
A partir del 30 de julio, la Generalitat asumirá algunas funciones en extranjería, como la autorización de las solicitudes de trabajo de residentes en Cataluña o las estancias por estudios e investigaciones. Además, se crearán de grupos de trabajo para la asunción de otras competencias en materia de asilo o para traspasar, tal y como se hizo el año pasaso al País Vasco, los incentivos a la contratación mediante bonificaciones a la Seguridad Social.