Por ello, el secretario general de Vivienda, Suelo, Arquitectura y del Instituto de Cartografía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, afirmó que esta comunidad «ha hecho el esfuerzo de dirigir sus políticas de vivienda a las personas de rentas bajas», por lo que para la Junta debe existir una discriminación positiva hacia las comunidades que «más VPO para rentas bajas han realizado y que ahora se van a ver afectadas por la reforma». En este sentido, Celis remarcó que demandará y defenderá «de manera firme» ante el Gobierno central el mantenimiento de «todas y cada una» de las ayudas a la vivienda protegida y espera que sus alegaciones «lleguen a buen puerto».

Por su parte, Juan Aguilera, vicepresidente de la patronal andaluza de la construcción, Fadeco, pidió a la Junta que «mantenga su postura» de defensa del mantenimiento de las ayudas a las VPO, a la par que demandó a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que «eche números económicos, sociales y de empleo, pues con las ayudas a los compradores se recupera con creces lo que se invierte». Además, exigió al Gobierno central que «cumpla con sus promesas y no nos engañe, pues el Plan Estatal es una trampa y un engaño».

Desde los sindicatos, se le ha pedido al Gobierno andaluz que no se rebajen las exigencias y que «no se negocie a la baja». El secretario de Política Institucional y Concertación Social del CC OO-A, Juan Pérez, señaló que «los recortes son injustificados y brutales porque uno de los objetivos del Plan de Vivienda y Rehabilitación, que nació en plena crisis económica, tiene como uno de sus objetivos el impulso de la VPO».