«Es una campaña contra la familia»

Ahora, el proyecto de ley estipula que, en caso de disputa entre los padres a la hora de elegir el primer apellido, deberá decidir el orden alfabético. Una elección que prevalecerá en todos los hijos que tenga la pareja.
Del mismo, se prescinde del tradicional Libro de Familia, que será sustituido por un «Código Personal de Ciudadanía», a modo de registro individual. Con todo, los libros expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, prevista para 2013, seguirán vigentes. Por otro lado, se elimina toda referencia en el registro a la filiación no matrimonial para aquellos niños nacidos fuera del matrimonio.

FORO DE LA FAMILIA
Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, comprende que existen «tradiciones jurídicas diferentes según el país», lo cual es una cuestión «accesoria». Ahora bien, «dados los síntomas que ha mostrado este Gobierno en su afán de destruir a la familia, en España resulta inevitable sacar esta lectura». Blanco hace hincapié en la «destrucción» de tradiciones como la de los apellidos paternos y los libros de familia. Y en cuanto a la intención de «igualdad» argumentada por el Gobierno, Blanco cree que «el orden de los apellidos ni hace daño a nadie, ni ataca ese principio».

INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR
El Instituto de Política Familiar (IPF) cree que este proyecto «recoge toda la ideología antifamilia» del Gobierno. «Considera a la familia como una institución a eliminar, y la va imponiendo ley tras ley», afirmó el IPF en un comunicado. «No se puede considerar como una cortina de humo», argumentan, «frente a los problemas de la economía, sino como un paso más» en sus «tesis antifamiliares». El IPF insta a todos los partidos «a que no sólo rechacen esta ley», sino a «que se comprometan a restablecer el estatus jurídico de reconocimiento público y protección a la familia».

HAZTE OÍR
Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, aseguró que el Ejecutivo pretende «arrancar» a la persona del vínculo familiar. De hecho, considera que la nueva ley supone un «ataque frontal» a la familia, pues elimina la vinculación de esta «institución básica» de la sociedad con los hijos. Como el IPF, Arsuaga emplazó a las fuerzas políticas «que dicen proteger a la familia» a que presenten enmiendas a la ley.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS
Si bien no es un problema que les afecte de fondo –desafortunadamente hay otros más graves–, la presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, Eva Holgado, criticó que esta medida se haya hecho bajo un afán de equiparar la igualdad entre hombres y mujeres. «No son criterios igualitarios: desdibujan cualquier concepto de orden», afirmó. En todo caso, considera que «tiene que haber un criterio unívoco para toda la población». Por ello, cree que el Ejecutivo debería «dedicarse a solucionar problemas existentes». «Nadie ha podido decir que se sienta discriminado por esta cuestión», dice. Para Holgado, «el criterio del orden alfabético es no tener criterio».

CONFEDERACIÓN DE PADRES CATÓLICOS
Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), cree que esta «ocurrencia» refleja «la incapacidad del Gobierno a la hora de solucionar problemas como la educación y el paro, jugando al despiste y complicando la convivencia». Carbonel señala que «la igualdad no es confundir a hombres y mujeres».

ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA
María Pérez-Galván, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), ve la propuesta «innecesaria, pues ya estaba regulada la posibilidad de invertir el orden de los apellidos». La decisión del orden alfabético le parece «no acertada». «Con este criterio habrá en el futuro menos ciudadanos que se apelliden Zamora o Zapatero que Arias o Aznar», afirma.


Las quejas de los jueces
Los jueces temen que, con el argumento de modernizar el Registro Civil, se quiera acometer su «desjudicialización» mermando las garantías en detrimento del ciudadano. «La saturación del Registro no es imputable a los jueces», aseguran fuentes judiciales, para quienes el problema es que la institución «no se ha modernizado a tiempo». Esas mismas fuentes no entienden, por ejemplo, que los alcaldes se conviertan ahora «en instructores de los expedientes matrimoniales» y que «el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, sin ir más lejos, se efectúe ante un funcionario administrativo» (al encargado del Registro Civil la nueva ley le exige ser secretario judicial o funcionario de carrera del subgrupo A1 con licenciatura en Derecho o titulación universitaria equivalente). «Queremos que el Registro Civil se mantenga con las mismas garantías que hasta ahora, y si son judiciales, mucho mejor», informa Ricardo Coarasa.