Ocasión histórica por César Vidal

Durante años, he criticado la acción política de Alberto Ruiz-Gallardón de manera continuada, constante y, sinceramente así lo creo, más que justificada. Su actitud, no precisamente cálida ni cercana hacia las víctimas del 11-M, su faraónico despilfarro al frente del Ayuntamiento de Madrid y su inicua persecución de un periodista independiente como Federico Jiménez Losantos me siguen pareciendo auténticas desgracias que, en cualquier democracia, lo habrían expulsado de la vida política hace años. Sin embargo, he de reconocer que los anuncios de reformas realizados hace unos días por el actual ministro de Justicia no me han podido resultar más oportunos y esperanzadores. A lo largo de décadas, la administración de justicia –e incluso el aparato del Estado– ha adolecido en España de un atraso legal, de una suma de disfunciones y de una falta de independencia frente al poder político que, en ocasiones, ha llegado a niveles trágicos y ridículos. Por añadidura, la construcción jurídica de España como un estado moderno nunca ha terminado de llevarse a cabo. Lo intentaron los liberales de las Cortes de Cádiz, pero Fernando VII segó de raíz el intento empeñado como estaba en regresar al Antiguo Régimen. Volvieron los liberales durante la segunda mitad del s. XIX a emprender la tarea, pero o enfrentados con el cerrilismo carlista o temerosos de una deriva como la del Sexenio revolucionario, nunca consumaron sus propósitos y así España se plantó en el siglo XX con los deberes sin terminar. Entre el desplome del régimen de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil y el inicio del franquismo, hasta los años sesenta no se acometió la configuración de la administración estatal, una tarea que llevó a cabo el opusdeísta López Rodó con el respaldo del almirante Carrero Blanco. Luego llegaron la Transición, la Constitución y el estado de las autonomías y el panorama jurídico no sólo no mejoró sino que empeoró porque determinados cuerpos legales no se reformaron y, por añadidura, a su alrededor creció una selva de legislaciones adicionales. Puede que algunos consideren el veredicto exagerado, pero algunas partes de nuestro ordenamiento jurídico estaban más atrasadas y obsoletas en 2011 que en 1911.

Precisamente por ello, las reformas anunciadas podrían arrancar a nuestra nación del s. XIX en áreas como el derecho mercantil, la administración de justicia o el procedimiento penal y colocarla en el s. XXI en otras como la mediación, el castigo de los multirreincidentes, la penalidad aplicable a los menores, la delimitación de la despenalización del aborto o la composición del Consejo General del Poder Judicial. Elevemos nuestras preces al Altísimo para que la crisis económica no se lleve por delante un proyecto tan incomparable y es que, por primera vez en la Historia, un plan de Ruiz-Gallardón no nos va a costar a los españoles un ojo de la cara y la yema del otro.