Acusan al Gobierno andaluz de «ocultar» a Alaya 200 millones en comisiones

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SEVILLA- El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, cree que el Gobierno andaluz ha «ocultado» a la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, información sobre «el presunto pago de comisiones ilegales» vinculadas al «fondo de reptiles». Según los cálculos de los populares, la Junta podría haber desembolsado entre 150 o 200 millones de euros a intermediarios en la tramitación de las pólizas de los ERE fraudulentos. El porcentaje del coste total de los expedientes para las empresas intermediarias, «siempre Vitalia –que tramitó 60 de los 72 ‘intrusos' reconocidos por la Junta– y Uniter», rondaría el 20 por ciento, aunque en «algún caso», el corretaje podría haber ascendido hasta el 29. Una cifra que supera la media del mercado, que los populares sitúan en el 2 por ciento y otras fuentes por debajo incluso de ese número. «Si hablamos de una media del 20 por ciento del conjunto de mil millones de euros –en los que el PP contabiliza el agujero a las arcas públicas por este asunto–, se habría producido un fraude de entre 150 y 200 millones, siempre con la participación de los mismos intermediarios y aseguradoras, sin que hubiera concurso alguno», insistió. ¿El nombre de los beneficiarios también se repetía siempre? ¿Cuáles eran? ¿Por qué y a quién pagaba la Junta? Todos estos interrogantes planteó ayer el secretario general del PP-A, quien no dudó en defender la «implicación directa» de la Administración autonómica en este «monumental desfalco» cometido contra los fondos destinados «a los parados». En ese sentido, Sanz exigió que «se asuman responsabilidades políticas» por ocultar documentación a la juez y que el Gobierno andaluz dé explicaciones «inmediatas» en el Parlamento regional sobre el pago de «estas comisiones fuera de mercado y de la ley». Hizo constar que, a la luz de los nuevos datos que dicen estar recibiendo y que trasladarán a Alaya, se explica por qué «mientras la Fiscalía pide lo que se llevó de manera fraudulenta un intruso, la Junta exige lo que pagó, que es mucho más de lo que se llevó el intruso». Esa diferencia ha llegado a superar los 300.000 euros.