La doble moral de UGT y CC OO con los mineros

Madrid- El conflicto de la minería tiene solución. El pasado 23 de junio comenzaban unas protestas contra los recortes en el sector que han desembocado en la tercera «marcha negra» de la historia de España, y que ayer se internaba en Madrid. Impulsados por los sindicatos que más representación tienen en las minas, los trabajadores del carbón se han movilizado en contra de estos recortes con huelgas generales, manifestaciones y, en ocasiones, con acciones violentas.

Sin embargo, más allá de los problemas que la reducción de las ayudas a la producción de este mineral pueda ocasionar –los sindicatos aseguran que se acabará con esta industria en España– existen intereses económicos que afectan a los «defensores de los trabajadores».

El recorte del 63% recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 reduce las ayudas a la minería hasta los 688 millones de euros, pero, la cuestión es cómo se reparten esos millones. La gran parte del dinero se destina a cubrir las prejubilaciones de los mineros y unos 111 millones se dirigen a las necesidades de la producción directa.

Sin embargo, hay una parte que no se pone sobre la mesa. Según ha podido saber LA RAZÓN, de ese total de 688 millones de euros, unos 101 millones se destinan a la reindustrialización de las cuencas y a la formación. Es decir, que esa cuantía la controlan en exclusividad los ayuntamientos y los principales sindicatos nacionales, CC OO y UGT. Por lo tanto, si esos 101 millones se dedicaran también a la producción directa de las minas, el recorte global en la partida de ayudas a la producción del carbón no sería tan fuerte, sino que rondaría el 30%.

A pesar de ello, UGT y CC OO no quieren perder esta financiación, y de ahí que en lugar de paliar un conflicto que cada vez se ha hecho más intenso continúen con la consigna de aumentar las ayudas desde el Ministerio de Industria, pero sin renunciar a su parte del pastel.

Asimismo, muchos ayuntamientos, los principales gestores de la reindustrialización de las cuencas, se muestran a favor de los sindicalistas y continúan echando leña al fuego.
Ayer mismo, un grupo de alcaldes y ediles de Asturias, donde la mayoría de las minas son públicas, se encerró en protesta por los recortes. Sin embargo, otro punto a tener en cuenta es que a largo plazo, desde Bruselas ya se preveía la eliminación de las subvenciones al sector.

Un cierre escalonado
Hasta 2018, y conforme a la directiva de la Comisión Europea, las ayudas a la producción del carbón se destinarían a impulsar el cierre de las minas, un cierre conocido, escalonado porque a partir de 2019 sólo sobrevivirán las cuencas que sean rentables por sí mismas y sin subvenciones.

CC OO y UGT siguen defendiendo el cambio de los presupuestos de este año, aprobados ya en Congreso y Senado, y en lugar de plantear soluciones para los próximos años siguen sin conformarse con su parte y echan a los mineros a la calle a «luchar por su trabajo» y defender su oficio, poniendo en peligro la paz social.

Pero, con unos presupuestos cerrados, hay que mirar hacia adelante.

Desde la Unión Sindical Obrera (USO) existe una propuesta más a largo plazo: crear una nueva Mesa del carbón en la que participen los tres sindicatos representativos (UGT, CC OO y USO) con el Ministerio de Industria y tratar las partidas de 2013-14. Y, en la medida de lo posible, intentar paliar el recorte de este año con los de los próximos años, debido a la fuerte crisis que no sólo atraviesa este sector en España, del que se sabe su desaparición, sino la nación entera.