Planas no revisará las irregularidades en los regadíos

Sevilla- La Junta ha decidido mirar para otro lado ante las presuntas irregularidades en las obras de modernización de regadíos denunciadas por la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir, según confirmó ayer en comisión parlamentaria el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Luis Planas. El argumento que esgrimió es que la Administración andaluza «no es responsable» de la relación entre los comuneros y la empresa adjudicataria, pese a que su departamento concedió una subvención de más de 40 millones de euros –con cofinanciación al 70 por ciento de la Unión Europea– para la ejecución de las obras, presupuestadas en 66,6 millones. «No me parece correcto que se cargue sobre las espaldas de la Consejería», concluyó.

La Comunidad de Regantes ha trasladado a la Fiscalía, al Ministerio de Agricultura y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) documentación sobre el supuesto mal uso de los fondos públicos. Entre ellos, el presunto cobro de comisiones a tenor de una frase pronunciada en la delegación provincial de Agricultura de Sevilla por uno de los responsable de la empresa adjudicataria de las obras: «Voy a poner en un papel nombres, apellidos y cantidades», consta en el escrito denunciado también ante la Guardia Civil.

Precisamente, los comuneros denuncian que la Junta presionó para que el adjudicatario de las obras fuera la UTE Befesa-Alpi, pese a que quedó «en cuarta posición» en la segunda ronda de la mesa de contratación, tal y como recordó el diputado popular Miguel Ángel Arauz.
Además, como adelantó LA RAZÓN, un informe jurídico del despacho de Clavero Arévalo, encargado por la comunidad de regantes, apunta que «la Junta de Andalucía tiene un gran protagonismo» en este asunto ya que «la concesión de la ayuda obliga a la Comunidad a facilitar a la Consejería de Agricultura y Pesca las funciones de inspección respecto a la ejecución del proyecto de inversión y proporcionar información sobre el mismo, incluso una vez concluido. Este hecho determinó que las certificaciones de las obras fueran firmada por el inspector facultativo designado por la Consejería de Agricultura y Pesca».

Hay además una presunta ilegalidad que afecta directamente al Gobierno andaluz, ya que un informe del director facultativo reconoce que la Junta pagó unidades de obras que no se habían ejecutado, extremo que ayer negó Planas.

Las obras de modernización de regadíos –ejecutadas en torno al 80 por ciento– están actualmente paralizadas pendientes de un proyecto complementario. Agricultura ha solicitado a los regantes «una hoja de ruta» para finalizarlas.