Investigan la adjudicación de 22 obras a una empresa de ex altos cargos socialistas

Según los populares, estas adjudicaciones se produjeron, "muy pocos meses"después de que el ex director general de la Consejería de Bienestar Social, Antonio Olivenza, dejara su cargo en 2007 en la Junta Extremeña. Un hecho, que a juicio de Carrón, supone "un claro caso de vulneración"de la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno y de los Altos Cargos de la Junta por parte del ex director general ya que durante dos años después de su cese no pueden tener cargos en empresas que son adjudicatarias de licitaciones públicas de la Junta.

Además, se da la circunstancia de que Olivenza fue nombrado para el cargo por la ex consejera de Bienestar Social Leonor Flores que es la esposa del ex presidente de la Asamblea de Extremadura, Federico Súarez, quien también aparece como miembro del consejo de administración de ARCOEX.

Desde el PP ya se ha pedido, por una parte, la comparecencia pública del presidente del Ejecutivo Extremeño, Guillermo Fernández Vara, para que aclare estas supuestas adjudicaciones, y por otra, anuncian que han solicitado a la Junta todos los contratos adjudicados a ARCOEX y que si "fuera necesario"demandarán la creación de una comisión de investigación en el Parlamento regional.

En este sentido, el portavoz de los populares, ha señalado que "por vergüenza torera"Fernández Vara "debería poner luz y taquígrafos"sobre lo ocurrido ya que a su juicio "estamos ante un nuevo caso de amiguismo y partidismo en las contrataciones que la Junta viene haciendo y ha hecho a lo largo de esta legislatura". "Está empezando a ser habitual ver a altos cargos o ex altos cargos socialistas al frente de empresas que se están haciendo millonarias con el dinero de todos los extremeños", se quejaba Carrón.

En la misma comparecencia, el responsable de comunicación del PP, ha recordado que Federico Suárez presidió durante varios meses la constructora Econisa, que también recibió cuantiosas adjudicaciones por parte de la Junta, y estaba vinculado a una televisión local que optaba al concurso de licencias de la TDT en la región y que por ello el Gobierno extremeño tuvo que declararlo desierto.