Mas pone rumbo al soberanismo con una ley de consultas populares

BARCELONA- Artur Mas se comprometió en su investidura como presidente de la Generalitat a iniciar una «transición nacional» basada en el «derecho a decidir». Ayer dio su primer gran paso en este sentido, ya que el gobierno catalán aprobó un proyecto de ley de consultas populares que permitirá al president convocar a los ciudadanos a las urnas para pedirles su opinión sobre temas como el pacto fiscal e incluso sobre la autodeterminación.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, fue interrogado por si la ley de consultas populares no refrendarias permitirá a Mas impulsar una pregunta sobre la autodeterminación de Cataluña. Y respondió: «Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la cuestión de la autodeterminación requeriría un cambio de la Constitución. La pregunta es: ¿Tiene iniciativa la Generalitat para modificarla? La respuesta es que sí. Desde el punto de vista formal se podría hacer plenamente». Sin embargo, los fundamentos jurídicos del TC parecen dejar claro que la Generalitat sólo puede plantear cuestiones sobre su ámbito de competencia.

El precedente
Sea como fuere, el gobierno de CiU ha querido, sobre todo, desmarcarse del proyecto precedente, el que sacó adelante el tripartito en marzo de 2010 y que establecía que el Estado debía dar su autorización a la Generalitat para permitir consultas por vía de referéndum. Un año después, en febrero de 2011 el Tribunal Constitucional (TC) lo suspendió por considerar que los referendos son competencia exclusiva del Estado y, meses después, levantó la suspensión, ya que no había ninguna consulta en marcha. Ahora está pendiente de fallo.

La argucia de Mas para sortear al TC es abandonar la consulta con categoría de referéndum, lo cual significa que el plebiscito no será vinculante. Otro de los aspectos que se modifican respecto al proyecto precedente es que la Generalitat utilizará el padrón y no el censo.

«Este es un gobierno al que no le da miedo preguntar a la gente y las consultas son una apuesta de radicalidad democrática. Los que se oponen están intentando amputar la expresión democrática», subrayó Homs. Previsiblemente, el proyecto no se aprobará en el Parlamento catalán hasta el próximo verano y, a buen seguro, contará con el apoyo de ERC.

Mas medita usar el as de la consulta para preguntar a los catalanes sobre el nuevo pacto fiscal en la línea del concierto económico, ya que el clamor popular le daría una posición de mayor fuerza para negociar con el Gobierno. Antes, sin embargo, es partidario de tejer un gran consenso en el Parlamento catalán para tener más garantía de éxito. De momento, solo tiene garantizada la complicidad de Esquerra e ICV, pero piensa insistir para atraer al PSC e incluso al PP.

Según el proyecto aprobado, pendiente de negociarse con la oposición, no solo el presidente de la Generalitat tendrá iniciativa para impulsar una consulta. En el ámbito local corresponde al alcalde o presidente de entidad local. También lo podrán activar la primera parte del proceso los ciudadanos si reúnen 50.000 firmas válidas. En el caso de una consulta en el ámbito local, la cifra dependerá del número de habitantes de la localidad en concreto.

Los votantes
Podrán votar las personas mayores de 18 años que no estén privadas de derechos políticos, ya sean de nacionalidad española o ciudadanos de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que estén empadronados en algún municipio de Cataluña. El proyecto prevé la creación de una comisión de seguimiento para velar por la claridad, la transparencia y la eficacia del proceso de consulta, así como una comisión de control formada por juristas de prestigio para resolver los recursos pertinentes.

Aunque el Govern trabaja con la previsión de aprobar la ley de consultas en verano, lo cierto es que el proceso podría demorarse si algún grupo lleva el proyecto al Consell de Garanties Estatutàries para examinar su adecuación al Estatut y a la Constitución. En principio, Homs no teme que una eventual impugnación pueda prosperar porque, según argumentó, el artículo 122 del Estatut «pasó el filtró» del TC.