La «Andalucía Insostenible»

Sevilla- La Andalucía Sostenible que «propugnan desde la Junta» tiene, a juicio de colectivos «verdes» como Ecologistas en Acción, una trastienda «repleta de puntos negros». 2011 ha «defraudado» sus expectativas en materia urbanístico-medioambiental.

En concreto en la provincia de Sevilla la coordinadora de esta organización en la capital, Laura Soler, recuerda que la construcción de la Torre Pelli, y el «aparcamiento monstruoso que está previsto debajo y que creemos tendrá graves consecuencias para el tráfico», está pendiente de la decisión de los observadores de la Unesco. Además, han presentado alegaciones al Plan Parcial de San Nicolás oeste –PGOU de Sevilla–, donde se introduce un uso distinto al suelo en el que «quieren ubicar el nuevo proyecto de IKEA». Sin salir de la provincia sevillana, la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha alegado a lo largo del año contra el avance del PGOU del municipio de Salteras, el PGOU provisional de Bormujos, el de Umbrete, el de Guillena y el de Gines. Salvo el último, los demás «plantean enormes ampliaciones de suelo urbanizable», explica su portavoz, Juan Antonio Morales. Según denuncia, «no hay estudios que justifiquen los crecimientos que plantean, en base a datos reales». «Desde 2007 –añade– se ha propiciado un crecimiento desbocado, se han contabilizado suelos con valores que no tienen, alimentando de nuevo otra burbuja inmobiliaria y restando territorio a actividades como la agricultura». Al margen del suelo, en esta área «se sigue machacando a los ríos y se eluden planteamientos serios sobre el transporte», advierte, entre otras cuestiones.

En el mapa de Huelva, el portavoz de Ecologistas, Juan Romero, asegura que en la capital onubense, una de las principales «asignaturas pendientes» es la restauración de las balsas de fosfoyesos –residuos de la actividad industrial de Fertiberia–. «La Junta quiere conformarse con el sellado de las balsas pero dejar a perpetuidad allí las 120 toneladas de fosfoyesos, consecuencia de una gestión nefasta». No le basta con el lamento e insta a las administraciones a garantizar que «se traten para convertirlos en residuos inertes o inocuos». Cree que mantener esos restos a pocos metros del caso histórico de Huelva es una «aberración» que «hipotecará el futuro de la ciudad». En ese sentido, exige que «se aplique el principio constitucional de que ‘el que contamina paga y repara'». «Huelva debería recuperar su vocación marismeña –apostilla– No queremos las balsas de fosfoyesos como seña de identidad».

Preocupante es también para el colectivo, la edificación del Puerto Deportivo Marina Esuri, diseñado para la desembocadura del Guadiana en Ayamonte, cuyo proyecto básico la Junta ha sacado ya a información pública. A finales de 2009 presentaron alegaciones al estudio de viabilidad del plan en el que se apuntaba la creación de 4.000 amarres –ahora parecen haberse reducido a 1.184– porque, «el río es una zona LIC, incluida en la Red Natura 2000», recuerda el activista Iñaki Olano. La cifras hablan por sí mismas: se pretende actuar sobre 50 hectáreas y ejecutar una de las mayores instalaciones de este tipo en la comunidad, «pese a que ya hay varios puertos deportivos en su entorno y no está clara su viabilidad», critica Olano. Además, el complejo urbanizado de Costa Esuri, hasta la quiebra de Fadesa-Martinsa, o el de Isla Canela, con ejecuciones aún pendientes; «han quedado como inacabado homenaje de ladrillo y cemento a la especulación».

En los límites aún de Huelva, «los avances de los PGOU de municipios de la costa como Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya–-algunos no refrendados todavía por el Gobierno andaluz– prevén crecimientos de población del 15 o 20 por ciento para justificar el aumento del suelo urbanizable», explica. A su juicio, «es una irresponsabilidad absoluta volver a los planes generadores de la crisis para salir de ella».

Si se mira a Cádiz, para Ecologistas el Plan de Ordenación del Territorio de la Janda apuesta «por un desarrollo insostenible» con proyectos «disparatados» que salpican toda la geografía de la zona y que «pretenden urbanizar para distintos usos un total de 2.200 hectáreas, construir un mínimo de 7.692 edificaciones y decenas de hoteles». Y todo, «con la pretensión de que no computen como nuevos suelos urbanizables ni nuevas viviendas, a efectos de los límites que impone el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)». Fuentes del colectivo critican que el POT «intenta soslayar, mediante el subterfugio de las ‘áreas de oportunidad',

los límites al crecimiento urbanístico que incluyó el Parlamento andaluz en 2006 en el POTA».
Se oponen también, según constata el secretario de Urbanismo de Ecologistas en Andalucía, Juan Clavero, al macroproyecto de Malcucaña-El Palmar, promovido, como el anterior, por entidades financieras. Según éste, se instalarán dos apartahoteles que sumarán más de 1.300 plazas en «uno de los pocos paisajes vírgenes que nos quedan en la costa», merced a un proceso de «recalificación a la carta». A ello hay que sumar que han presentado 101 alegaciones contra el plan El Següesal Resort, macrourbanización promovida por Bogaris Residential 7 SL, que tiene más de 467 hectáreas, lo que la convertiría en la mayor de la región y triplicaría la superficie de todos los núcleos urbanos de Barbate, de llevarse a cabo. Incluye 1.690 casas y apartamentos, dos hoteles, campos de golf, colegio bilingüe de alto standing... En definitiva, la creación de «un gigantesco gueto».

También en Cádiz, Clavero avisa del riesgo que corre el espacio natural del Guadalquitón, un bosque virgen que podría ser «seriamente afectado por el desarrollo urbanístico basado en el modelo de la Costa del Sol».

Desde Córdoba apuntan que la Junta aún no ha encontrado la «fórmula mágica» para hacer frente al «desmadre» de las urbanizaciones ilegales que afecta, sobre todo, «a la sierra y las inmediaciones de la capital califal», como explica Curro Ordóñez, portavoz de Ecologistas en Acción en aquella zona. En su opinión, no hay tiempo que perder pero lanza una aviso: no consentirán que «desde el actual equipo de gobierno se haga una amnistía y se beneficie a quienes han infringido las leyes urbanísticas».

Las edificaciones ilegales constituyen también un verdadero quebradero de cabeza en Jaén, con un agravante: «Hemos logrado parar la construcción de una presa que en su día se pretendió ejecutar en un paraje natural para contener el agua», comenta Javier Ramírez. Y se explica: «A unos cuatro kilómetros de la capital jiennense existen unas 4.000 viviendas ilegales construidas en zona inundable, lo que motivó la idea de la presa». Descartada ésta por la reacción social, quiere dejar constancia de que «ahora nos opondremos al encauzamiento del río que la Junta patrocina y que arrasaría con el soto, provocando graves consecuencias para la ribera». «Hay que frenarlo porque es una barbaridad», remata.

Granada tampoco está exenta de «puntos calientes». El ecologista Javier Egea destaca «el edificio Centro Comercial Nevada, con el galimatías judicial» que lo rodea, la urbanización Medina Elvira, con otro campo de golf en ciernes, o «las grandes infraestructuras en la estación de esquí de Sierra Nevada». De cara al futuro, estarán vigilantes y atentos a «la segunda circunvalación de Granada, que será tan inútil como la ya obsoleta primera y con un gran impacto ambiental en la Vega», y a otros anunciados «proyectos faraónicos» como la Ronda Este de la capital, la Marina interior en Playa Granada y un hotel de siete estrellas en Almuñécar.

Ya en Málaga, a 12 kilómetros del núcleo urbano del municipio de Ronda se pretende levantar el macroproyecto Los Merinos Norte. Dicho de otra manera: 800 chalets de lujo, dos campos de golf, hoteles, club hípico... «Quieren ocupar unas 800 hectáreas de unos de los mejores encinares de la provincia, situado en el interior de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, donde, para más ‘inri', ya han construido el circuito de Fórmula 1 Ascari», desmenuza el ecologista Juan Terroba. Según relata, «se han arrancado en torno a 10.000 encinas», si bien matiza que «no hay datos oficiales». Las obras de este macrocomplejo comenzaron en 2006, aunque se paralizaron en 2008 y así siguen, dado que han intervenido los tribunales y el caso está pendiente de resolución judicial.

Dentro de la cartografía malagueña, la comarca de la Axarquía constituye «otro ejemplo escandaloso de urbanismo incontrolado, posible por la connivencia de la Junta», apunta Terroba. No se olvida tampoco del litoral «arañado por la construcción ligada al ladrillo y a la política».

 La Federación de Ecologistas en Acción Almería, la Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el Grupo Ecologista Mediterráneo han mostrado su «frontal rechazo» a los «nuevos proyectos especulativos» del Llano Central, en el Levante almeriense, y El Nazareno, en el entorno de Cabo de Gata. Este último, aprobado en el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Almería, prevé un campo de golf de 27 hoyos, 2.500 viviendas y 1.000 plazas hoteleras ubicadas en los limites del parque de Cabo de Gata-Níjar, «acosándolo». En su momento, ya alegaron en la fase de exposición publica del Potausa. Por lo que respecta al Llano Central, proyecta 3 campos de golf, miles de edificaciones y varios complejos hoteleros.

«Especulación pura y dura», para el coordinador de Ecologistas en Almería, Marcos Dieguez. En la misma línea, denuncia las «nuevas pretensiones» del Ejecutivo regional «en la promoción y desarrollo del área de oportunidad turística en la Hoya de la Altica», situada en Retamar y lindando con el parque natural. De hecho, durante la fase de exposición publica del Plan de Ordenación del Territorio del Área Metropolitana de Almería, ya expresaron su escepticismo «sobre los usos establecidos en esta mal llamada área de oportunidad turística».

En ella, se contempla la creación de un campo de golf de 18 hoyos, establecimientos hosteleros y una «desmesurada» promoción de 1.800 viviendas de segunda residencia. Su promotora mantiene, según aseveró el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, «permanente contacto» con la Junta. Para los ecologistas planes como éste evidencian «el doble rasero de la Andalucía Sostenible» del Gobierno regional que «fomenta proyectos de turismo con ese rótulo que sólo suponen la destrucción de nuestro medio ambiente». Y en esta recopilación no podía faltar un símbolo del «urbanismo salvaje»: el inderribable Algarrobico.