Moncloa se pone en guardia ante el informe de la UCO

El Gobierno se afana en exhibir una impostada «tranquilidad» de cara a la galería. Proyectar la percepción de que son ajenos a las ramificaciones del «caso Koldo», que excederían ya el Ministerio de Transportes, en torno al que Moncloa había levantado el cortafuegos de su defensa y de la asunción de responsabilidades. Con la batalla de la agenda perdida, el Ejecutivo apenas acierta a colocar los temas que le interesan en el debate público y mediático, en la sala de máquinas gubernamental han activado ya el control de daños y replantean su hoja de ruta.

En Moncloa viven instalados en un estado de alerta continua y han comenzado a desplegar una estrategia preventiva ante la expectativa –y expectación– generada por el inminente informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Un informe que se anticipa «demoledor» para sus intereses, porque podría afectar a otros altos cargos socialistas, a «más aforados», según reseñan fuentes de toda solvencia. El encargo que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha hecho a la Guardia Civil –para escrutar los mensajes que la trama habría intercambiado, entre otros, con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, o con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres–, les obliga a pertrecharse para el futuro.

Fuentes gubernamentales consultadas aseguran que no conocen el contenido del citado informe y que esperarán a que se haga público para reaccionar. «No nos pronunciamos sobre especulaciones», resuelven, sin dar credibilidad a lo publicado. El argumentario que opera, para tratar de contrarrestar el volumen de informaciones que se van conociendo a cuentagotas, es el habitual: recurrir al victimismo y denunciar una campaña de «acoso» y la «cacería» impulsada por parte de la ultraderecha y la derecha «mediática, económica y judicial», que «no soporta» que la izquierda gobierne y piensa que son «okupas a los que hay que echar de cualquier manera». Sin embargo, en privado hay quienes desean «que se sepa toda la verdad de estas cuestiones de una vez» para que acabe la «pena de telediario». «Es una indefensión terrible».

«Lo verdaderamente ‘‘demoledor’’ –dicen, en alusión a los términos en los que se define el informe de la UCO– es que ciudadanos de este país vean cómo se les ataca a diario a base de filtraciones interesadas», tercia un dirigente socialista, que entiende que en el concreto caso de Santos Cerdán se «somete su reputación personal a un proceso de demolición sin garantías, sin pruebas y con el objetivo claro de acabar con él».

En esta estrategia preventiva desplegada por los socialistas se incardina el movimiento del propio número tres del PSOE que ayer convocó de urgencia a los medios en el Congreso de los Diputados. Cerdán admitió que preguntó «por obras en Navarra», pero negó cualquier ilegalidad vinculada a las mismas, y se comprometió a «desmontar una a una todas las mentiras», una vez que haga público el citado informe.

El objetivo del secretario de Organización era ir avanzando, antes de que se revelen los mensajes, que como diputado por Navarra y como coordinador del Partido Socialista en el 2020 preguntó por «muchas obras» que se hacían en Navarra y en el resto del territorio. Y tratar de desvincular estas peticiones de información de cualquier ilegalidad. «Como lo he hecho yo, lo han hecho los 350 diputados que hay aquí», dijo desde la Carrera de San Jerónimo. «Ninguna de esas –consultas– es constitutiva de ningún delito, lo tengo clarísimo», aseveró. Para, a continuación, cargar contra el PP por su intento de «desviar la atención» por su situación de «debilidad» y poner en duda las informaciones publicadas: «Veremos si es una filtración de la UCO o son invenciones de los periodistas».

En paralelo el Gobierno sigue tratando de desmarcarse, un día más, de la polémica por la filtración de los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. En el Gabinete aseguran estar «muy tranquilos» porque han trabajado con transparencia y de forma «ejemplar» durante estos años. Fuentes gubernamentales aseguran que no entrarán a desmentir o confirmar ningún «chantaje» porque eso supondría dar credibilidad a que existe algo comprometedor con lo que coaccionarles y ese contenido no existe. No obstante, sí reconocen que al PSOE se dirigieron algunas exigencias antes de que comenzara la filtración.