Empleo no controla el buen uso de las subvenciones ni pide su reintegro

Sevilla- La Cámara de Cuentas ha puesto de nuevo el foco en la falta de control y buen uso de los fondos públicos por parte del Gobierno andaluz. En concreto, el «Informe de fiscalización de las transferencias de capital de la Junta de Andalucía 2007-2009» constata irregularidades en el Servicio Andaluz de Empleo, órgano adscrito a la Consejería de Empleo, departamento afectado por escándalos como el de los ERE o el fraude de las ayudas de la Unión Europea a la contratación.

Las advertencias del órgano fiscalizador van en esta última línea. Tras examinar documentos de pago en concepto de subvención del SAE orientados a financiar política de empleos y estabilidad laboral a través de ayudas a la contratación indefinida, el trabajo advierte de varias anomalías. La principal es que «no existe evidencia documental del control y seguimiento de la situación del personal respecto de la fecha desde que se concedió la subvención». La Cámara de Cuentas señala que «estas circunstancias impiden verificar si el objetivo de la subvención ha causado su efecto o si, por el contrario, procedería requerir el reintegro de las cantidades abonadas».

La Cámara de Cuentas recurre al muestreo para la revisión de expedientes. En el caso concreto del que motiva esta conclusión, es una ayuda de 2,9 millones de euros a la empresa Konectanet Andalucía. No es, por tanto, un expediente menor. De hecho, así lo entendió en su día Empleo. En marzo de 2009, el entonces consejero Antonio Fernández –en prisión provisional por el caso de los ERE– firmó el convenio de colaboración con este grupo andaluz para la creación de 990 contratos indefinidos hasta 2011. La Junta le otorgaría hasta ese año 2,9 millones –el estudio del órgano fiscalizador contabiliza un primer pago de 805.000 euros–.

La Cámara de Cuentas «insta al cumplimiento riguroso de las normas sobre el control de las subvenciones, o en caso contrario, proceder al reintegro de las cantidades abonadas».
El problema es que, esto último, tampoco se lleva cabo. Advierte de que «en determinados casos se ha mantenido poca rigurosidad a la hora de iniciar los expedientes de reintegro».
El informe también detecta que a través de subvenciones de capital –destinadas a la adquisición o constitución de activos de naturaleza de inversión– al ente instrumental Faffe y a las Utedelt, la Consejería ha financiado gastos del personal que ejecutaba los programas. Se trata de personas contratadas «a dedo», muchas de las cuales se han integrado después en la actual Agencia de Empleo.

La Consejería plantea alegaciones en ambos casos. En el caso del seguimiento a las subvenciones a la contratación, señala que éste se realiza «mediante la consulta de vidas laborales de los trabajadores subvencionados» y alega que la empresa ha devuelto 9.162,36 euros «por 3 contratos que causaron baja y no fueron sustituidos».

Con respecto al gasto en salarios, señala que se tienen en cuenta «el objetivo a conseguir y no la naturaleza de los gastos».

Además de Empleo, el trabajo detecta deficiencias en las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, Obras Públicas y Transportes, Turismo, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente. En total, 19 programas presupuestarios de gastos y 52 documentos de pago por un importe de 29 millones.

Exoneraciones para seguir regando de ayudas públicas
La Cámara de Cuentas denuncia una práctica generalizada en la Junta de Andalucía: resoluciones de exoneración «que exceptúan de la obligación de justificar en tiempo y forma» las subvenciones. Con esta práctica, se sortea la Ley General de Hacienda Pública andaluza que señala que «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario». El artículo 104 abre la posibilidad de, «mediante resolución motivada», exceptuar esta limitación. El problema es que el Ejecutivo no lo argumenta: «No hay motivación suficientemente adecuada y soportada». Esta práctica se detecta en la Consejería de Obras Públicas, pero también en Empleo. Este periódico ya denunció esta práctica irregular sin que la Junta lo argumentara en ningún momento. Además, el órgano de control apunta que «no hay archivo documental sobre las resoluciones de exoneración y los expedientes a los cuales afectaron».