Salgado suprimirá la colegiación para miles de profesionales liberales

No en vano, José Luis Rodríguez Zapatero prometió en el Parlamento, el 17 de noviembre, que la norma estaría lista en el primer trimestre de este año, y parece que así será. La Ley de Servicios Profesionales, proyecto llamado a liberalizar un sector clave de la economía española, que representa en torno al 8,8 por ciento del PIB y concentra alrededor de un 30 por ciento del empleo universitario, empieza la cuenta atrás para su aprobación.

Y su orientación no pinta bien para numerosas corporaciones de derecho público en España, que desaparecerían o verían notablemente mermada su estructura. Un retroceso, a juicio de sus dirigentes, y un soplo de aire fresco que fomentará la competencia entre miles de profesionales, según los padres oficiales de la idea, que cifran el impacto de esta liberalización de los servicios «en el entorno del 0,7 por ciento del PIB potencial a largo plazo», de acuerdo con el documento de principios al que ha tenido acceso este periódico.

Petición internacional
Economía justifica los cambios en las recomendaciones que han formulado en tal sentido la Unión Europea y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE. No alude en cambio al eterno deseo socialista de apartar a un lado a estructuras conservadoras de las cúpulas de las corporaciones, ensayado con relativo éxito en comunidades como Andalucía. En los fundamentos jurídicos y argumentales sobre este proyecto, el Gobierno remarca que «la regulación vigente hoy en día en España genera distorsiones sobre la actividad económica, que tienen un impacto negativo a nivel microeconómico. Una regulación más eficiente de estos servicios –prosigue– puede ayudar a superar algunas de las características que frenan la competitividad de este sector». La norma, insiste en estos primeros principios generales, «repercutirá en potenciar la competitividad del conjunto de las empresas españolas».

La filosofía de la reforma se basa en la libertad de acceso y ejercicio en todas las profesiones, así como en la habilitación única para ejercerlas en todo el territorio general. Como excepciones, la norma mantiene las llamadas «profesiones reguladas», y sólo podrán serlo las ligadas a un título universitario. Por lo que se infiere de los principios enunciados por el Ejecutivo, dentro de estas últimas estarían las profesiones que requerirían de colegiación obligatoria para su ejercicio, como las jurídicas, y aquellas en las que ésta sería voluntaria, como podría ocurrir con los médicos y enfermeras que trabajan en el sistema sanitario público.

Según el texto, la colegiación obligatoria «sólo podrá establecerse por ley estatal cuando existan motivos de interés público». Sin embargo, y en previsión de las reacciones en contra, el proyecto se encarga de remarcar que «la ley vendría a dar respaldo al modelo actual, en el que conviven colegios profesionales de pertenencia obligatoria con los de pertenencia voluntaria. Por tanto, no tendrían que disolverse colegios por perder la obligación de colegiación».

Entre las profesiones «liberalizadas», el Gobierno apuesta por las ingenierías: «La falta de flexibilidad en las atribuciones profesionales segmenta artificialmente el mercado y frena la capacidad de atender las necesidades de la economía». La situación actual «genera una gran conflictividad entre las corporaciones colegiales de los ingenieros... y ha llevado a numerosos pleitos que están paralizando proyectos».
 

La tabla de salvación de las corporaciones
El anexo II de los fundamentos jurídicos de la futura ley detalla las profesiones que quedarían con obligación de colegiación «en el ámbito correspondiente». Éstos son algunos de los colegios que se mantendrían, al menos, parcialmente:

- Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
- Consejo Superior de Colegios de Ingenieros Industriales.
- Colegio Nacional de Ingenieros de ICAI.
- Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.
- Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.
- Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
- Colegio Oficial de Físicos.
- Consejo General de Colegios de Químicos.