Jaque al canon digital

Ya es la segunda orden ministerial en materia cultural que se le atraganta en esta legislatura al Gobierno. Mediante estos documentos se concretizan las líneas generales que, por definición, definen las normas. La que regulaba la Ley de Cine dio lugar a la plataforma Cienastas contra la Orden. Aquella que fijaba las nuevas tarifas del llamado canon digital fue anulada ayer por la Audiencia Nacional. Los magistrados debían determinar si se trataba de un reglamento o de un acto administrativo. Finalmente definieron la orden como lo primero, lo que implica que era necesario para su aprobación una memoria justificativa, otra económica y el dictamen previo del Consejo de Estado. Al no haber sido tramitado de esta manera, el tribunal considera que está afectado por un «vicio radical». La ministra de Cultura se apresuró a recordar que el actual canon digital estaba en revisión y que esta sentencia «no cambia los planes» de su departamento. Sinde aludía a las conversaciones que mantienen los fabricantes de electrónica y las entidades de gestión para fijar las nuevas cantidades por dispositivo, pero éstas quedaron anuladas ayer tras conocerse la sentencia.

Las sociedades de gestión, agrupadas en Ibau y CopyEspaña, urgieron ayer «a la Administración a que inicie en el menor tiempo posible el proceso de actualización de las tarifas y dispositivos afectados». Y recordaron que la Audiencia Nacional no declara ilegal esta tasa, sino que sólo cuestiona un defecto de forma del Ejecutivo al tramitar la norma.

El PP, por boca de su portavoz de Cultura, José María Lassalle, asegura que la sentencia «pone de manifiesto la inoportunidad del Partido Socialista de otorgar carácter indiscriminado al canon».El presidente de la patronal de la industria tecnológica Ametic, Jesús Banegas, aseguró que la anulación de la orden de regulación del canon digital es «un tremendo varapalo al Gobierno», que debería aceptarlo y legislar de nuevo para evitar la inseguridad jurídica. Para formular una nueva orden, el Gobierno estaba tratando de lograr el consenso, nada fácil, por parte de las partes afectadas. Una vez que se consensúe el nuevo texto, o que las nuevas cuantías se fijen unilateralmente, debería pasar por el Consejo de Estado, para impedir que vuelva a ser cuestionado por un tribunal, y elaborar una memoria justificativa y otra económica. Aún cabe la posibilidad de que el Supremo no opine lo mismo que la Audiencia Nacional, hasta entonces la sentencia no será firme.

Frenazo de la UE
Este no es el primer revés que se lleva el canon digital en nuestro país. En octubre del pasado año, el Tribunal de Luxemburgo calificaba de «indiscriminada su aplicación en España», y advertía de que «la aplicación del canon en el supuesto de que los soportes sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada no resulta conforme a la directiva». Pero aunque se limita su aplicación, esta sentencia también sirvió para refrendar su necesidad desde la Unión Europea, ya que el fallo también destacaba que los Estados miembros pueden autorizar copias privadas, cuyos derechos exclusivos los tienen los artistas, autores y productores, si reciben una «compensación equitativa» que tendrán que abonar las personas físicas como compensación por el «perjuicio derivado de cada utilización privada». La cuestión llegó a los jueces europeos a través de una consulta de la Audiencia de Barcelona debido al litigio que mantienen la SGAE y la empresa Padawam.

ANÁLISIS
La tasa seguirá en vigor
- ¿La Audiencia Nacionla ha declarado el canon digital ilegal?
–No, indica en sus sentencias que la orden ministerial que lo regula está afectada de «vicio radical» por la forma en la que tramitada por el Ministerio de la Presidencia, lo que la deja sin efecto.

- ¿Qué consecuencias tiene esta sentencia?
–La Audiencia Nacional ha anulado la orden ministerial de 2008, con lo cual queda vigente la de 2006, que contempla un canon para las grabadoras de CDs y DVDs, así como para los CDs y DVDs y las impresoras, pero no imponía tasa, porque aún no eran tan populares sobre otros dispositivos como la memoria USB, las unidades autónomas de almacenamiento, los MP3 y MP4, los teléfonos móviles y PDAs.

- ¿Cuando dejaremos de pagar la tasa?
–La sentencia aún no es firme, hasta que el Supremo no se pronuncie, el canon seguirá vigente sobre todos los soportes a los que afecta como consecuencia de la orden.

- ¿Devolverán el dinero de los soportes que ya hemos adquirido?
–No, a pesar de que algunas de las organizaciones que recurririeron esta decisión lo solicitaban, el importe pagado no será reembolsado. La Audiencia Nacional indica que debido a la naturaleza jurídico-privada del canon no tienen competencia sobre ese ámbito.

- ¿Qué puede suceder ahora?
–Las entidades de gestión de derechos de autor, las más afectadas por el tema, piden al Gobierno que legisle. Dada las alturas de la legislatura, esto podría resultar complicado. Otra solución sería que prosperaran las negociaciones que llevaban a cabo estas entidades de derechos de autor con los fabricantes de dispositivos electrónicos, pero quedaron suspendidas ayer después de conocerse la sentencia.