Las víctimas de Bhopal indignadas con la «benévola» sentencia del juez

En la madrugada del 3 de diciembre de1984, un manto tóxico se extendió como una plaga bíblica sobre la ciudad india de Bhopal. Cuando salió el sol, en las calles se amontonaban cadáveres de personas, perros, vacas, cabras, pájaros, caballos y de cualquier cosa que hubiese estado viva 12 horas antes. La tragedia, provocada por el escape de una planta de pesticidas de la multinacional estadounidense Union Carbide, está considerada la peor catástrofe industrial de todos los tiempos. Dependiendo de quién haga el recuento, el número de víctimas mortales oscila entre los 8.000 y los 25.000. Desde que ocurrió, se han multiplicado enfermedades incurables y deformaciones.En Bhopal, muchos enseñan estos días a las cámaras de televisión sus caras desfiguradas y los ojos abrasados por los pesticidas. Y es que la Justicia india se pronunció ayer, 25 años después, con un veredicto histórico y tan tardío como sorprendente: el tribunal dictó que la filial india de la firma estadounidense es culpable de negligencia y que su falta de responsabilidad desencadenó la catástrofe. En consecuencia, siete ejecutivos de la compañía han sido condenados a dos años de prisión y a multas de 100.000 rupias (unos 1.750 euros), entre ellos Keshub Mahindra, presidente en el momento del accidente. Además, la empresa tendrá que desembolsar de 500.000 rupias (menos de 9.000 euros), cifra ridícula en comparación a la magnitud de la tragedia.Cientos de activistas y de víctimas llevaban años peleando para llevar el caso a los tribunales. Y la sentencia, que desestimó folios y folios de pruebas recopiladas en estos largos años, los ha dejado insatisfechos. Cientos de ellos se concentraron ayer en el juzgado con pancartas en las que podía leerse «colgad a los culpables». «No fue un castigo ejemplar que evite que otras corporaciones repitan el desastre de gas de Bhopal», resumió a Reuters Rachna Dhingra, uno de los líderes activistas. Las asociaciones humanitarias que se encargaron de las víctimas denuncian que miles de ellas se quedaron sin compensación económica, a pesar de que Union Carbide pagó 470 millones de dólares al Gobierno indio como indemnización en 1989.Por tardía y por blanda, la sentencia pone en duda el sistema judicial indio, sobre el que recaen sospechas de falta de equilibrio y corruptibilidad. «Un retraso en la justicia es prácticamente una negación de la justicia», llegó a admitir ante la prensa el ministro de Justicia, M. Veerappa Moily. Los activistas insisten en que los desechos tóxicos no han sido del todo eliminados en la fábrica, de modo que podrían estar filtrándose en las aguas subterráneas y perpetuando la desgracia.