La España borroka

MADRID- La calle es de todos o es de nadie. Pero estos días es de pequeños (y también grandes) grupos de «indignados». Lo sufrió Gallardón el lunes, cuando salió a sacar a su perro, al lado de su casa, junto a su mujer y a tres de sus hijos, como hace todas las noches, en su momento de privacidad diario. Le avisaron de que no iba a ser tan privado: había gente en la calle, una pequeña manifestación de «indignados» por la decisión del alcalde de acabar con los conciertos de la fiestas del Orgullo Gay, en Chueca. el alcalde decidió bajar y cumplir con su rutina, como si todo fuese normal, pero fue imposible. Tras 45 minutos de tensión y de reproches, Gallardón y su familia se metieron en su coche y se marcharon. «Algunas personas ni siquiera respetan la parte de la vida privada que puede tener un alcalde, como es pasear con su mujer e hijos por la ciudad en la que vive y de la que es alcalde porque así lo quieren la mayoría de los ciudadanos», aseguró ayer el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo. «Tienes que sentir, como él sintió la coacción, amenaza, insulto de algunas personas que reitero actúan hasta no sé en qué momento en la impunidad. Eso es lo que yo creo que no se puede permitir y eso es lo que pasó», continuó Cobo.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ana Botella, manifestó que actos así «no se deben producir en una ciudad en la que se deben respetar las normas y las leyes».

Gallardón sufrió lo que han sufrido casi todos los políticos españoles estos días durante los plenos en los que se elegían nuevos gobiernos. «El éxito del 15-M ha popularizado la protesta en la calle –asegura el catedrático en Sociología de la UNED Antonio López–. La gente se ha animado a protestar y los jóvenes y no tan jóvenes se sienten interlocutores, porque ir a la calle para quejarse contra instituciones y políticos tiene relevancia». De repente, «a través de las redes sociales, la gente se ha dado cuenta que no eran los únicos que lo estaban pasando mal. Se han dado cuenta, también, de que podían protestar y lo han hecho», dice el sociólogo Mariano Fernández Enguita. «Pero–añade– lo de Gallardón es distinto al 15-M y no se puede manchar el movimiento con eso. Estos han sido prudentes. Los de Gallardón faltaron al respeto».

En el País Vasco conocen de sobra lo que pasa cuando la calle se transforma en un escenario para los que protestan. «Pero son cosas distintas», asegura Leopoldo Barredo, portavoz del PP en el País Vasco. «No tienen la misma clave política. Aquí se produce desde gente que no respeta la democracia. En el resto de España es otro tipo de protesta». Sin embargo, Barredo sí que puede imaginar las sensaciones de Gallardón: «Lo que sientes, sobre todo, es una sensación de injusticia. Una cosa es la política y otras las persona privada. Y porque, además, el político no puede responder con los mismos medios: se pone a prueba su resistencia».

Las asociaciones de homosexuales y transexuales FELGTB, COGAM y AEGAL no quisieron identificarse con la protesta. Todos los partidos políticos la rechazaron : «Lo que sucede lo ha explicado muy bien Esperanza Aguirre–continúa Leopoldo Barredo–. Se comienza a cuestionar a los políticos, luego a las instituciones y después se cuestiona la democracia».
 
El efecto cadena de este tipo de actitudes tuvo su último reflejo ayer en Cataluña. Unos 2.300 indignados, según la Guardia Urbana, se concentraron al grito de «no pasarán» en las inmediaciones del parque de la Ciutadella, donde está el Parlament, para evitar que se celebre hoy el debate sobre los Presupuestos, y decidieron pernoctar en el paseo Picasso, fuera del perímetro del parque.

Última parada: el Parlamento catalán
Los «indignados» quieren ir un paso más allá en Barcelona. Una acampada multitudinaria frente a la sede del Parlament de Cataluña es el anticipo del objetivo marcado para hoy: paralizar el debate sobre los Presupuestos del Govern de 2011 que comienza este miércoles impidiendo el acceso de los diputados. Sólo un descomunal despliegue policial impidió ayer que se plantaran a las puertas mismas de la sede parlamentaria. Según ellos, las cuentas públicas «recortan nuestros derechos en sanidad, eduación o servicios sociales».