U na denuncia de parte, es decir, una denuncia presentada por el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Águilas, Ramón Román, contra sus excompañeros de partido y también exconcejales aguileños, Pedro Gil y Domingo Martínez, sirvió al fiscal jefe del TSJ murciano, Manuel López Bernal, como cabeza de ovillo para desenredar la trama del llamado «caso Zerrichera», una supuesta red de políticos y empresarios corruptos que apuntaba nada más y nada menos que a dos consejeros del gobierno Valcárcel. Corría el año 2005 y la presencia o no de los entonces concejales en la votación de la recalificación del paraje La Zerrichera era el primer paso a dar para la construcción de una urbanización de cuatro mil viviendas. Por aquel entonces las denuncias de presunta corrupción, siempre de parte, llegaban a los juzgados en camiones y el fiscal les dio curso a las más de 52 que consideró ¿verosímiles? Había empezado el acoso y derribo del ejecutivo regional y la captura de una pieza mayor (algún consejero) se imponía. Pero una cosa es el deseo y, otra bien distinta, la realidad. Y la dura y caprichosa realidad indicó otro camino. Se demostró que muchas de esas denuncias eran falsas o respondían a zafias estrategias políticas, cuando no se sustentaban en simple y puro humo, meras sospechas, hechos no probados y mucho ruido político de fondo. No había nada más. Por eso todas las actuaciones fueron entrando una tras otra en el cajón del archivo, el sobreseimiento (como ahora ocurre con el «caso Zerrichera») o el carpetazo y punto final. El ministro de Justicia, un tal Mariano Fernández Bermejo, que sólo vino a Murcia a llevarse el escaño, se dedicaba en cuerpo y alma a la caza mayor en Andalucía sin licencia para hacerlo en esa comunidad, mientras su rebaño le hacía el trabajo sucio en la tierra. Y así les fue a todos. Al final no hubo «caso Zerrichera» porque el voto de los exconcejales no era necesario para que se aprobara el proyecto (12 contra 5). Y al final tampoco habrá causa contra ningún consejero porque la prueba principal se sustenta en que un director había oído que el supuesto «gran mullidor» era Francisco Marqués. Esta es la Justicia que tenemos, que no es la que nos merecemos y se merecen todos los españoles de bien que pagan religiosamente sus impuestos.