El Consejo General del Poder Judicial ha iniciado una campaña de comunicación en radio y prensa, con el objetivo de poner en valor el trabajo de jueces y magistrados, y que los ciudadanos tengan «una imagen más real» de su labor en la tutela de los derechos. Ha sido una noticia valorada desde diferentes ángulos; algunos han puesto énfasis en el coste de la misma, otros en su inutilidad, y otros en que la Justicia tiene otros problemas, que no son precisamente su imagen; creo que tales comentarios, siendo respetables son desacertados. Vaya por delante mi felicitación a tal campaña, desde mi doble condición de Juez profesional y ex responsable de las políticas de comunicación e imagen del CGPJ. En primer lugar, lo que cabe preguntarse es que si los otros dos Poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo, llevan a acabo constantes campañas de su labor, ¿por qué no va a poder desarrollar el CGPJ una campaña que ponga en valor el trabajo de los jueces? En segundo lugar, debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad democrática, dominada por la opinión pública, y en la que a veces es más importante lo que se cree que se hace, que lo que realmente se hace. Lo ideal sería que los ciudadanos percibieran una imagen real de lo que está ocurriendo (¡qué peligro para algunos!) para así, poder valorar con mayor objetividad cualquier actividad. Este tipo de campañas se centran en esto, en dar a conocer el trabajo y dedicación de los jueces, en suma, la realidad de la actividad judicial. La Justicia en su percepción pública es tributaria de cuatro casos, en los que se presenta ante la opinión pública en el peor de sus perfiles, colocando en la clandestinidad el resto de la actividad judicial. En tercer lugar, a esto se le suma que el servicio público Justicia, como tal, es un servicio poco conocido, sólo uno de cuatro españoles ha tenido alguna relación con la Justicia, y una vez de media en su vida. Otros servicios públicos, como la Sanidad o la Enseñanza son de base universal y por ello muy conocidos por los ciudadanos. En su vertiente mayúscula de Servicio Público a través del cual se administra un poder del Estado, también se encuentra presa de cuatro casos, en los que por sus connotaciones políticas, comienza a ser valorada por la clase política, produciéndose lecturas interesadas, que generan en la opinión pública un gran desconcierto, y, sobre todo, desasosiego, que a su vez provoca una sensación de una insoportable politización del quehacer de los jueces y de los propios jueces. En cuarto lugar, cuando las cosas van mal en un país, todo se impregna de una visión negativa y pesimista, y la Justicia no puede sustraerse a la profunda crisis institucional en la que estamos inmersos. Esta crisis institucional genera una suerte de espiral de caos y mal funcionamiento de la que es muy difícil salir. Por último, el sistema de Justicia es, como todo en una democracia donde la opinión pública se confunde en muchos casos con la publicada, también tributaria de lo que de la misma se cuente en los medios de comunicación, creándose una relación similar a una interacción biológica, que normalmente debería beneficiar a ambas, pero a veces es sumamente perjudicial. Ante ello, las campañas de comunicación proactivas se convierten en el mejor antídoto contra los déficits de imagen. Si la actividad judicial no traspasara el umbral del interés público, no serían necesarias, incluso sería un estado óptimo en el que los jueces recobrarían el papel discreto y reservado, en el que la función judicial se desarrolla con mayor tranquilidad y sosiego; pero no podemos negar la importancia del control social que se ejerce respecto de los poderes públicos a través de los medios de comunicación, y por ello ante una defectuosa percepción de la opinión publica, surge la necesidad de este tipo de acciones, que no son propagandísticas, sino que tan sólo persiguen acercar la actividad real, sin arreglos ni mentiras, a los ciudadanos, para que puedan valorar con criterio y libertad. Es reconfortante observar cómo una institución, asentándose en peldaños previamente construidos por otros, sigue a su vez construyendo nuevos peldaños, para seguir avanzando en el objetivo de fortalecer la imagen de los jueces en una sociedad democrática crítica y cada vez más exigente. Todo esto requiere la necesaria colaboración institucional del resto de los poderes del Estado, y la debida lealtad y responsabilidad en los medios de comunicación. En la actividad pública no hay compartimentos estancos, el ciudadano percibe el quehacer público como un todo y por ello conviene que el Poder Ejecutivo respete no sólo al Poder Judicial en su conjunto, sino a sus concretos integrantes, caigan mejor o peor al poder coyuntural, el cual, como todos los bienes consumibles, es efímero. Las gentes pasan, las Instituciones permanecen.