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Acertado cambio de criterio

Tiempo de lectura 4 min.

26 de enero de 2011. 00:24h

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26/1/2011

Después de 33 días de vacaciones navideñas, los diputados retomaron ayer la actividad parlamentaria en Pleno, y lo hicieron con cierto complejo de culpa, pues entre sus primeras iniciativas figuró la de revisar las condiciones de sus propias pensiones y sus incompatibilidades laborales. Tomaron la iniciativa los presidentes del Senado y del Congreso, que abrieron consultas con los grupos de ambas Cámaras y remitieron una carta a cada uno de los portavoces en la cual emplazan a explicarle, en un plazo de quince días, sus respectivas opiniones sobre aquellas cuestiones que tengan que ver «con la honra y honorabilidad» de los diputados. Es positivo que sus señorías se muestren receptivos a la voz de la calle, un tanto escandalizada por las ventajas que disfrutan a la hora de la jubilación. La rectificación tiene tanto más valor cuanto hace apenas un par de meses los grupos parlamentarios rechazaron una propuesta de Rosa Díez en tal sentido. Bienvenido sea, por tanto, este cambio de criterio, que habrá de concretarse en las próximas semanas a tenor de las propuestas que presenten PP y PSOE, que serán muy similares. No es aceptable ni razonable que, mientras la sociedad asiste con natural preocupación al pulso entre el Gobierno y los sindicatos sobre la prolongación de la vida laboral, los parlamentarios se blinden con reglas específicas y ventajosos complementos vedados para el común. Argumentaba ayer el presidente del Congreso, José Bono, que es muy poco dinero el que se destina a esos complementos (en torno al millón de euros anuales) y que el número de diputados y senadores beneficiados apenas si llega a 80 de los 3.000 que ha dado la democracia. Tiene razón Bono, pero la cuestión aquí no es de cantidad, sino de calidad y de ejemplaridad. Ser representantes del pueblo no convierte a los parlamentarios en una casta aparte ni ajena a los sacrificios que padecen sus representados. Podrá debatirse si los diputados españoles están o no cabalmente retribuidos, que lo están aunque sus colegas europeos ganen más. También podrá discutirse, como se dispone a hacer el Congreso a instancia de los grupos de izquierda, si el régimen de compatibilidades debería endurecerse. Pero nada de todo esto tiene que ver con que la clase parlamentaria se rodee de privilegios o se dote de beneficios sin justificación que se pagan con los impuestos de los contribuyentes. En este punto, convendría también avanzar en la transparencia fiscal y financiera de sus señorías, de modo que no sólo sus nóminas públicas y privadas fueran de conocimiento general, sino también sus bienes muebles e inmuebles y los de sus cónyuges. Hasta ahora, están obligados a realizar una declaración de actividades, pero tal vez sea éste el momento más indicado para que den un paso más y coloquen un techo de cristal sobre todos sus bienes. Dicho lo cual, tampoco es aceptable incurrir en radicalismos demagógicos y señalar con dedo acusador a sus señorías como malversadores. Una cosa es exigir probidad a nuestros diputados y otra sembrar sobre ellos sospechas a voleo, lo que causa un daño  que también perjudica nuestra salud democrática.
 

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