El PP lleva al Congreso la fiscalización de las comunidades

Para evitar que el mensaje de la transparencia en la fiscalización de las cuentas autonómicas muera antes de tiempo, los populares mueven ficha en el Parlamento. Quieren garantizarse un debate y quieren obligar a todos los grupos parlamentarios, especialmente al PSOE, a posicionarse. Da igual que el PSOE y las minorías tumben su propuesta, ya que el objetivo del PP no es ganar esa votación, sino sacar estratégicamente lustre a una bandera de buena prensa ante la opinión pública.

«Decir la verdad a tiempo ayuda a recuperar la confianza. Queremos trabajar con transparencia y lealtad», sostuvo ayer Sáenz de Santamaría ante las voces socialistas que se defienden del «golpe» del PP con la acusación de que los de Rajoy están sembrando unas dudas sobre el modelo autonómico que «debilitan» a España ante los mercados y los inversores. La proposición no de ley del PP recoge la exigencia de Rajoy de que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y actualizar los planes de reequilibrio financiero de las comunidades; y de que se reúna, asimismo, la Comisión Nacional de Administración Local, la FEMP y la Conferencia de Presidentes. Para esta última plantean una agenda centrada en la reformas económicas para crear empleo, en la reforma educativa y en la garantía de los servicios públicos.

La nota a pie de página la puso Sáenz de Santamaría al adelantar que su partido recortará el número de organismos reguladores si gana las próximas elecciones generales. El PP critica duramente que en un escenario de crisis como el actual, el Gobierno se invente nuevos organismos como la Comisión Nacional del Juego (CNJ) o el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). «¿Para qué quedan los Ministerios entonces?», se preguntó la portavoz popular.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el acuerdo para constituir el CEMA, previsto en la Ley General de Comunicación Audiovisual. La Comisión Nacional del Juego está recogida en la recién aprobada Ley del Juego. «¿Por qué la tarea que hacía una subdirección general ahora la tiene que hacer un organismo con 70 o más empleados y con sueldos más elevados que el de un secretario de Estado?», se pregunta el PP.