El despilfarro de las autonomías explota: otras comunidades preparan ya su «rescate»

Madrid- Valencia ha sido la primera en formalizarlo, pero no será, previsiblemente, la única. Más comunidades estudian acogerse al fondo de apoyo a la financiación autonómica, dotado con 18.000 millones de euros. Algunas, como Castilla-La Mancha, han reconocido en público que estudian los requisitos necesarios para pedir esa especie de «rescate» que aumenta el control de Hacienda sobre la gestión económica autonómica. Y otras, como Cataluña o Andalucía, también hacen números.
La amenaza real de quiebra es lo que obligó al Gobierno a poner en marcha hace una semana el fondo de rescate regional, al que hasta entonces, y pese a las presiones, se estaba resistiendo con el sólido argumento de que el aval del Estado ya no servía para lo que en principio se había pensado, abaratar de manera eficaz el coste de la emisiones. La prima de riesgo está en niveles históricos y el coste de financiación de la deuda soberana en el 7%. Cuando habló ante el Pleno del Congreso de que no había dinero para pagar las nóminas ni las prestaciones, Mariano Rajoy pensaba sobre todo en las regiones «por sus problemas de liquidez», precisan desde Moncloa.
Valencia ha rechazado que vaya a hacer nuevos ajustes en 2012, pese a la petición formal de ayuda. Una posición que choca con la que anticipan desde Madrid. Desde el Gobierno explican que el fondo es un «salvavidas» para que las comunidades sobrevivan sin depender del mercado. La palabra «rescate» es tabú, pero el modelo europeo pesa como referente y esto supone un control total por parte de Hacienda de las decisiones económicas de la autonomía que se sume a este mecanismo. Luego, cada parte lo escenificará según sus intereses, pero habrá nuevo plan de ajuste y una mayor injerencia de la Intervención General del Estado en su desarrollo y ejecución. Los inspectores de Hacienda serán en clave doméstica los «hombres de negro» de la «troika» y la ayuda estará condicionada, aunque desde el ámbito autonómico se disfrace como una medida más de apoyo a la liquidez.
El Gobierno ha estado negociando durante esta semana con las ocho comunidades que no superaron el examen de fin de curso. Y el fondo de liquidez autonómico le ofrece una salida, que podría ser hasta consensuada, para evitar la formalización inmediata, vía Consejo de Ministros, de la activación de las sanciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las comunidades que se desvíen de sus objetivos de déficit.
Las autonomías siguen siendo un lastre para la confianza exterior en España. Por las llamadas a la rebelión y por el estado real de sus cuentas: en la UE creen que una vez más no volverán a ajustarse al déficit fijado para este ejercicio. Y esto es lo que estrecha el margen del Gobierno para seguir inyectando dinero en sus arcas sin tomar medidas ejemplares que avalen el discurso de que esta vez, de verdad, ninguna administración pública podrá escaparse de sus compromisos con la consolidación fiscal.