Las Comunidades han de gestionar el IRPF para fines sociales según el TS

Hasta ahora, el Estado recauda tanto el dinero que se destina a la iglesia como a otros fines sociales y es él mismo el que hace la convocatoria y el reparto a las entidades sociales de cada comunidad.

El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluis Cleries, ha expresado su satisfacción por el fallo, que da la razón al recurso de casación presentado por la Generalitat contra una sentencia desestimatoria anterior dictada en 2009 por la Audiencia Nacional.

La sentencia establece que la convocatoria la seguirá haciendo el Estado, "pero la gestión de las subvenciones, que quiere decir la tramitación, la resolución y el pago, la tiene que hacer el gobierno de la Generalitat", ha explicado el conseller.

Con esta sentencia, que da la razón a una reivindicación histórica de la Generalitat, el Departamento de Bienestar Social y Familia calcula que le corresponderán gestionar unos 49 millones al año para fines sociales, cuando, según el gobierno catalán, el año pasado el Estado destinó 20 millones de esta casilla a Cataluña.

El fallo de la sentencia, dictada por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, estima el recurso del gobierno catalán contra la orden ministerial de 2008 por la que se establecieron las bases y las convocatorias de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

En su fundamentación jurídica, el TS considera "incluida en la esfera de la competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional -objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso- mientras situaremos dentro de la competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos".

La resolución judicial añade que "ya es doctrina reiterada de este tribunal que las normas procedimentales 'ratione materiae' deben ser dictadas por las CCAA competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común".

Por ello, el fallo reconoce "capacidad de la Generalitat para gestionar las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado sociales procedentes del IRPF".

Cleries ha explicado que ello quiere decir que, aunque el Estado continuará regulando los aspectos centrales de estas subvenciones "es competencia de la Generalitat su gestión, es decir, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos".

El conseller ha enmarcado este fallo judicial en el respeto al autogobierno y ha recordado que Cataluña tiene competencias exclusivas en el ámbito de los servicios sociales, infancia y voluntariado".

"Ahora nos pondremos en contacto con el Ministerio para que desde la Generalitat gestionemos estas subvenciones a partir de la próxima convocatoria", ha avanzado Cleries.

El año pasado Cataluña recibió 29 millones de euros de la casilla de fines sociales correspondientes a la declaración de renta del 2010, una cantidad que, según la Generalitat, deberá ascender a 49 millones teniendo en cuenta los ciudadanos de esta comunidad que marcaron la casilla de aportación a fines sociales.