El tráfico de menores se multiplica en España

Madrid- El tráfico menores con fines de explotación sexual es una realidad casi invisible en España, pero existe y comienza a ser preocupante. No existen datos fiables sobre el volumen de tráfico, pero las asociaciones de víctimas de trata han detectado un aumento significativo de este fenómeno. Según el balance del Plan contra la trata de personas con fines de explotación sexual, en 2009 se detectó a 13 menores entre las 1.301 víctimas localizadas. Otras dos niñas fueron rescatadas por la Policía este mismo viernes en Barcelona. Las obligaban a prostituirse durante 12 horas al día para pagar una supuesta deuda.Las ONG consideran que las cifras oficiales no son un reflejo de la realidad. Viviana Waisman, directora y cofundadora de Women's Link, ONG integrada en la Red Española Contra la Trata de Personas, lamentó la situación en la que se encuentran estas víctimas porque «no son identificados como menores» y porque «son muchos más de los que refleja el balance del Plan Integral».Rocío Nieto, presidenta de Apramp (Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas) insiste en esta idea y muestra su preocupación por el aumento de niños explotados procedentes de Rumanía. Desde su entrada en la UE, en enero de 2007, ha «facilitado el tráfico de menores con fines de explotación sexual, que se ha incrementado de forma notable». Las menores rescatadas este viernes eran rumanas, y llegaron engañadas por una oferta de trabajo falsa. Una de ellas tenía sólo 15 años, y su familia había denunciado su desaparición Es sólo un ejemplo que ha salido a la luz, pero hay muchos casos como éste. España es un país de tránsito para el tráfico de adolescentes víctimas de explotación sexual. Según Save the Children, se trata de chicas de 16 a 18 años, aunque también se han detectado algunas menores con 15 años, como la rescatada el viernes. La ONG también señala a Rumanía como punto de origen del tráfico, pero han constatado, asimismo, casos de menores llegados de Rusia, Ucrania, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Nigeria. El carácter clandestino y globalizado del fenómeno hace muy difícil establecer cifras concisas sobre las víctimas que padecen esta forma de esclavitud. Para Save the Children, esto «incide en la desprotección de los menores. El problema no es palpable, si no hay datos que ofrezcan titulares llamativos, no alcanza ni la voluntad política ni la conciencia social, quedando así invisibilizadas». Save the Children elogia el Plan Integral contra la Trata pero lo ve insuficiente: «No se conocen cuáles han sido las medidas aplicadas para garantizar la Protección de estas chicas» y por tanto «no se sabe si reciben atención psicológica, sanitaria o legal».Estos procesos, en particular la identificación, son si cabe, aún más complicados «en el caso de las niñas y adolescentes, ya que suelen aportar pasaportes u otro tipo de documentación falsa proporcionada por la red o individuos que las explotan y porque no suelen permanecer durante mucho tiempo en el mismo lugar».

Control «estrecho y constante»Como pasa con las víctimas adultas, «sufren un control estrecho y constante», advierte. «Si a estos aspectos añadimos la falta de conciencia sobre situación como víctima de explotación, es lógico concluir que las cifras del Gobierno reflejan de manera parcial la realidad», explican. La Ley de Protección Jurídica del menor sostiene que la comunidad autónoma donde se encuentre el niño o niña asuma la tutela y la guarda. Por tanto, una vez comunicado a la Administración competente en esta materia, el niño, niña o adolescente, es trasladado a un centro de protección de menores, los cuales, según la ONG, «actualmente carecen de recursos especializados con los que abordar adecuadamente el tratamiento que requieren». «Son niños extremadamente vulnerables, expuestos a todo tipo de abusos en medio de un entorno de marginación social», afirman. Esta falta de respuestas suele desembocar en la desaparición del menor. Los centros de protección «declaran que se escapan, reproduciendo por tanto un ciclo vicioso de vulnerabilidad, puesto que volverán a ser captadas o captados por la red de explotación (en caso de los menores romaní, sus propios familiares o los supuestos "tutores legales"». Las secuelas de estos abusos afectan a su desarrollo, «sufren trastornos de conducta, de desarrollo cognitivo, de ansiedad y depresión», alertan.