Altos cargos policiales de Rubalcaba procesados por el «chivatazo» a ETA

El nuevo ministro del Interior no ha podido tener peor estreno en el cargo. Antonio Camacho se desayunó ayer con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar por revelación de secretos y colaboración con ETA o encubrimiento al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros, a quienes responsabiliza del «chivatazo» que alertó a la banda terrorista en mayo de 2006, en plena tregua, de una operación contra su «aparato de extorsión». Ruz rechazó en su día que el propio Camacho declarara como testigo en relación a este asunto.

Tras concluir la investigación, el instructor cree que existen indicios suficientes para afirmar que fue Ballesteros el que facilitó a Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún (donde presuntamente se efectuaban los pagos a ETA), el teléfono móvil a través del que le alertaron de la operación policial en marcha (y que motivó que Elosua avisara a José Luis Cau Aldanur, presunto miembro de la red de extorsión etarra en Francia, que no pasara la frontera para la reunión que tenían concertada). El encargado de facilitarle esa información confidencial fue, según el juez, el jefe superior de Policía del País Vasco, a quien considera el autor material de la delación.

A lo largo de 75 folios, Ruz llega a la convicción de que no existe «una versión acorde a las máximas de la lógica o la razón que permita explicar, sin incurrir en incongruencia» su presencia en la zona el día de los hechos y en los tramos horarios en los que se produjo el soplo. El propio inspector admitió que se encontraba en el local, pero para el juez es «significativo» que no lo hiciera «hasta que se ve salir del mismo a través de las imágenes que habían sido grabadas en las cintas de videovigilancia». Por ello, le considera cooperador necesario en el delito de revelación de secretos imputado a Pamiés.

Para el magistrado, Pamiés era «una de las pocas personas que podía tener acceso» a la información restringida que el interlocutor de Elosua facilitó al dueño del bar Faisán sobre el operativo policial. «Con probabilidad próxima a la certeza», mantiene, el jefe superior de Policía del País Vasco «conocía en la fecha y hora en la que se suceden los hechos todos los extremos objeto de la investigación que le son revelados a Joseba Elosua». En este sentido, no duda en asegurar que la versión de Pamiés «carece de consistencia o coherencia» y, por tanto, de «fuerza exculpatoria». El mando policial explicó al juez que el 4 de mayo de 2006, día del chivatazo, había concertado una cita con un confidente en el sur de Francia y ordenó a Ballesteros que vigilara la frontera y le hiciera la cobertura a la reunión.

Ruz pone en duda que Pamiés le encargara esa misión dado «su desconocimiento de la zona» y su falta de experiencia en terrorismo etarra (Ballesteros estaba especializado en terrorismo islamista).

Confidente misterioso
El magistrado recuerda que instó a las defensas de Pamiés y Ballesteros que, para corroborar esa hipótesis, identificaran al confidente para citarle como testigo (manteniendo a salvo su identidad) pero, se queja, ningún paso se ha dado en ese sentido a día de hoy, lo que refuerza su convicción de la implicación de ambos mandos policiales en el chivatazo a ETA.

¿Y García Hidalgo? Para Ruz, el entonces director general de la Policía habría sido informado «en todo momento por Pamiés del desarrollo y evolución de los acontecimientos», por lo que presume que «fue conocedor del contenido y alcance de la acción que se iba a perpetrar».

El magistrado hace hincapié en que el autor del soplo insiste en varias ocasiones, en su conversación con Elosua, en el carácter confidencial de la llamada, poniendo en relación su contenido «con la situación actual política» (el alto el fuego declarado por ETA en marzo de 2006, entonces vigente), así como «con el "proceso"de conversaciones o "negociación"emprendido por el Gobierno español», aludiendo varias veces al interés de determinadas personas en que «esto se rompa».

Si bien Ruz reconoce que los beneficios que obtuvo ETA al abortarse la operación «no cabe entenderlos directamente queridos por parte de los imputados», eso no obsta, añade, que con su conducta asumían «una necesaria ayuda, contribución o beneficio» a la banda terrorista. El juez comunicará su procesamiento a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros el próximo martes.