Andalucía

La burocracia asfixia la Sanidad

Estado y autonomías, consejerías y servicios de salud, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema.

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MADRID- La lucha por la sostenibilidad de la Sanidad española no pasa sólo por los laboratorios, los farmacéuticos, los distribuidores, los médicos o, incluso, por los pacientes. Detrás del gasto en medicamentos, hospitales, tecnología, salarios e inversiones existe una burocracia descomunal que dispara también la factura sanitaria. Al calor de la España autonómica y de la extinción del antiguo Insalud, los órganos administrativos dedicados a la Sanidad se han ido multiplicando casi en progresión geométrica durante los últimos años. Y, con ellos, el número de altos cargos, funcionarios y asesores, conformando un andamiaje imposible de sostener en tiempos de crisis como los actuales. La cuantía de estos órganos varía casi cada semana en función de reestructuraciones y «retoques» operativos, por lo que resulta casi imposible, hasta para el propio Estado, enumerar de forma exacta tanto el mismo como su coste o sus funciones. Un simple análisis, sin embargo, permite afirmar que en estos momentos la estructura administrativa del Ministerio de Sanidad está multiplicada casi por 17. Con el agravante de que todas las comunidades cuentan con un organigrama doble para gestionar la Sanidad: el de las propias consejerías y el de los servicios de salud que tienen adscritos, y que son, a fin de cuentas, los que llevan las riendas de la asistencia a los ciudadanos. En total, en España hay 18 máximas autoridades sanitarias –la ministra y los 17 consejeros–, al menos 14 secretarios generales incluyendo al que trabaja a las órdenes de Trinidad Jiménez, casi una decena de secretarías generales técnicas, dos subsecretarios, cinco viceconsejeros y la escalofriante cifra de 84 directores generales vinculados de una forma u otra a la Sanidad. Por debajo, en el escalafón jerárquico de la Administración, hay que añadir más de un centenar de subdirecciones generales y otras tantas áreas, negociados y asesores.

Distintos nombresLa disparidad de denominaciones para cada puesto en función del territorio que se analice dificulta la contabilidad exacta de este gigantesco aparato administrativo y su rango exacto en el escalafón.«Se critica mucho a la sociedad civil y a los agentes sociales, pero la existencia de todo este inmenso aparato constituye un derroche que España no se puede permitir», subraya Carlos Amaya, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados y ex secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). «Cada Administración es libre de adoptar sus decisiones, pero algunas se ajustan más a las necesidades reales de la Sanidad que otras», remarca, recordando el caso de comunidades uniprovinciales de escasa población que mantienen una estructura en sus consejerías casi idéntica a la de otros territorios mucho más habitados. En opinión de este experto, «la reducción de esta estructura es una cuestión de Estado y debería ser objeto de un verdadero pacto». Además de tener esta estructura gigantesca, en la que proliferan también agencias, consorcios, entes públicos o institutos sujetos a regímenes jurídicos especiales, la Administración sanitaria estatal y autonómica mantiene vinculación laboral con más de 495.000 empleados públicos, de acuerdo con el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Presidencia. El gasto que se deriva de todo ello empieza a pasar factura.

Todos quieren su propia Agencia de EvaluaciónLa burocracia que asfixia a la Sanidad en España lleva a casos verdaderamente insólitos. Uno de ellos es el de la proliferación de las Agencias de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias. Primero se empezó con una, la del Instituto Carlos III. A ella se han sumado órganos parecidos en Cataluña, Andalucía, Canarias, País Vasco o Madrid. Otro tanto sucede con las escuelas de salud, mientras el fenómeno empieza a repetirse en seguridad alimentaria. El irracional esquema burocrático de la Administración llevó, por ejemplo, al Ministerio a crear una Dirección General sin utilidad, como la de Trasplantes, al tiempo que ya existía la Organización Nacional de Trasplantes. Hoy se ha suprimido, pero se mantiene una subsecretaría sin apenas competencias.