El «fondo de reptiles» se aumentó para garantizar el «entendimiento social»

Era uno de los argumentos que la propia Consejería de Empleo esgrimía ante la Intervención General de Hacienda para justificar un procedimiento administrativo que el órgano fiscalizador consideraba que vulneraba la Ley General de Hacienda. Los conflictos laborales en una región azotada por el desempleo constituían el principal problema político para la Administración y el Presupuesto era la única forma de contener el descontento. La partida de «Administración de Relaciones Laborales» se aumentó en varias ocasiones desde 2000 en detrimento de los fondos para autoempleo, la formación e incluso para becas de investigación.

Según la documentación que la Junta de Andalucía ha enviado al juzgado de Instrucción número 6 y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Consejo de Gobierno aprobó modificaciones presupuestarias para aumentar las transferencias de financiación al IFA al menos desde el año 2000. El 24 de julio de ese año, doce meses antes de la firma del convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que se gestionaba el «fondo de reptiles», en la reunión semanal del Ejecutivo se aprobó una modificación presupuestaria para dotar al ente autónomo de 904 millones (de pesetas) en materia de relaciones laborales.

Entre los gastos previstos que se dieron de baja se incluyeron «acciones que generen empleo» , «becas de investigación» y «convenios con colegios profesionales». La justificación que ofreció la Consejería que entonces dirigía José Antonio Viera era premonitoria: «dotar al capítulo IV, aplicación 440.01, con el crédito suficiente para desarrollar el Convenio Marco de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía en el que se contemplan una serie de actuaciones en materia de fomento y mantenimiento del empleo así como la reestructuración de empresas». El convenio específico que inauguró oficialmente «el fondo de reptiles» se firmó el 17 de julio de 2001.

Existen modificaciones presupuestarias –práctica habitual que requiere la aprobación del Consejo de Gobierno y debe incluir un informe de la Intervención General de que existe disponibilidad presupuestaria– de manera periódica. Otra de las llamativas se produjo el 15 de octubre de 2001, ya con el convenio del IFA vigente. En esa ocasión, se aumenta la partida para los ERE en casi 4 millones de euros en perjuicio de partidas destinadas a «acciones que generen empleo». Los motivos que esgrime el departamento de Viera son aclaradores: «Impulsar a través del IFA el clima de entendimiento social y facilitar la continuidad de las empresas».

Una vez más, la «paz social» se impone a cualquier otra decisión política con el beneplácito del Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves. Sólo una semana antes, la reunión del Consejo de Gobierno había aprobado incrementar en 13 millones la partida 31L. La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico necesitaba «atender ayudas por acuerdos alcanzados en expedientes de regulación de empleo». Estas prácticas han continuado en años sucesivos. El PP denunció en el Parlamento que varias de estas modificaciones presupuestarias para primar el «fondo de reptiles» se produjeron con José Antonio Griñán como consejero de Economía y Hacienda.

Tres meses después del convenio del IFA
Mientras el dinero fluía no había problema. La puesta en marcha de proyectos empresariales y fórmulas de autoempleo estaban subvencionadas si así lo decidía la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social o el propio consejero de Empleo. No había publicidad en la convocatoria. El objetivo, como se aprecia en el documento, era el «entendimiento social».