Silvia Clemente logra de Aguilar la promesa de fijar una posición de país ante la PAC

Madrid- Más vale tarde que nunca, dice el sabio refranero popular. Y es que, por fin, y tras muchos dimes y diretes, el Gobierno de España y las comunidades autónomas irán juntos de la mano para lograr la mejor posición que se pueda de país, de cara a la futura negociación de la Política Agraria Común (PAC).

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, una de las que más ha luchado por fijar un calendario de trabajo entre el Ejecutivo y las regiones, se ha salido con la suya, y aunque ayer lamentaba el retraso con el que ha llegado este marco de trabajo, llamaba ahora a todos a arrimar el hombro y a aprovechar el tiempo, que no sobra, ya que el 20 de octubre la ministra Rosa Aguilar debe presentarse en el Consejo de Ministros de la UE con el documento.

La consejera salió ayer satisfecha de la reunión de consejeros de Agricultura de España con la ministra en Madrid, y es que las las reuniones técnicas comenzarán hoy y continuarán mañana, y durante toda la semana que viene. En esos encuentros técnicos participarán directores generales, viceconsejeros y secretarios generales, que servirán para abordar de forma sectorial catorce asuntos vinculados con la reforma de la PAC. Se trata de los pagos directos, la convergencia, la regionalización de las ayudas, las medidas de modernización y competitividad, el ‘greening', la simplicación de los trámites, el papel del agricultor activo, los jóvenes, las limitaciones naturales, los pagos acoplados, las medidas de flexibilización, la financiación, los regadíos y las mujeres.

De todas formas, Silvia Clemente recordó que lo más importante de cara a la negociación de la futura PAC, es que España no pierda fondos y siga recibiendo como mínimo los 7.500 millones de euros al año que recibe actualmente, de los cuales 924 serían para Castilla y León.
Respecto a los intereses de la Comunidad, la consejera de Agricultura y Ganadería rechaza aspectos como la definición de agricultor activo para el cobro de ayudas, determinados condicionantes medioambietales, o la denominda tarifa, que es el reparto por igual de estos pagos a cada perceptor.