Los ecologistas avisan: las Aletas no ha superado la evaluación ambiental

Sevilla- La Junta ya tiene nuevos representantes en el Consejo Rector del Consorcio Aletas y en el Consejo de Administración de la sociedad de gestión del citado proyecto, un polígono industrial que el Gobierno andaluz pretende levantar en Puerto Real (Cádiz). Se trata de unos órganos integrados por las administraciones autonómica, central y local y tras el visto bueno del Consejo de Gobierno de ayer, la delegación del Ejecutivo regional en el primero estará encabezada por la consejera de Presidencia, Susana Díaz, a la que acompañarán viceconsejeros de distintas áreas y el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López.

A la sociedad de gestión se han destinado, entre otros, al jefe del Gabinete Jurídico de la Administración autonómica, Jesús Jiménez y al director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Miguel Paneque.

Con los cargos electos, la Junta instará a la convocatoria «a la mayor brevedad» de una reunión del consejo rector del Consorcio Aletas para estudiar la adquisición de los terrenos con los que contaba la extinta factoría de Delphi en el término municipal de Puerto Real, situados enfrente del emplazamiento originario de las Aletas. Propósito que fue trasladado a los ex operarios de la multinacional en la comisión de seguimiento del conflicto.

Un encuentro que los sindicatos CC OO, UGT, CGT y USO, los cuatro implicados en el cierre de la empresa de automoción, no dudaron en calificar de «fraude», dada la falta de «capacidad de resolución» de los asistentes por parte de a Junta. Un «fraude» que, según fuentes de distintos colectivos ecologistas, podría repetirse con el plan de las Aletas «per se».
En ese sentido, desde el gabinete jurídico de WWF explican a LA RAZÓN, que el proyecto se encuentra «en mitad del proceso de evaluación ambiental estratégica por parte del Ministerio» del ramo. Trámites «que se han complicado debido al cambio de Gobierno –PSOE/PP– y en los que el plan lleva encallado alrededor de un año», aseveran. Pero hay más: recuerdan que el Tribunal Supremo (TS) anuló en octubre de 2009, tras un recurso de dicha organización, el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se reservaban 287 hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terrestre, en una zona de marismas de la Bahía gaditana, para la construcción del espacio industrial y, por tanto, el acuerdo suscrito al respecto con el Ejecutivo regional.

Desarrollo «versus» protección
A partir de entonces, «Junta y Gobierno comenzaron a trabajar de nuevo. Se encargó un informe a la abogacía del Estado para», lamentan estas fuentes, «volver a plantear el polígono en el mismo sitio y con los mismos problemas para los ecologistas, a quienes la sentencia del TS dio la razón, al estimar insuficientes los argumentos esgrimidos para justificar la reserva de suelo» público.

WWF no se opone al «desarrollo industrial de la Bahía de Cádiz», si bien avisa de que seguirá defendiendo que «éste sea compatible con la conservación del área de marismas que cumple una función ambiental». ¿Qué opinan de la opción Delphi? «Es positivo que se usen para el plan sus terrenos, dado que ya están urbanizados. Se ahorrarían costes», lanzan.