Cerco a la ostentación

Y es que la Agencia Tributaria en su afán de perseguir a quien incumple sus obligaciones con la Hacienda Pública extremará la vigilancia contra aquellas personas que no declaren las rentas percibidas y además estén recibiendo prestaciones por desempleo u otras prestaciones de la Seguridad Social. Ésta es una de las principales novedades que se contemplan en el Plan General de Control Tributario de 2011 que el Ministerio de Economía publicó ayer en el BOE. Las actuaciones de control se incrementan en este nuevo plan pero los medios personales y materiales de la Agencia Tributaria siguen siendo los mismos y el presupuesto del que dispone en 2011 es incluso menor que al de 2010. Así se lamenta el portavoz de los Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, quien ve «difícil que el plan tenga éxito» en estas circunstancias y menos aún cuando no se acometen reformas legales.
Para el portavoz de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, lo único que quiere la Agencia Tributaria con estas medidas «es cambiar la sensación de que el fraude está aumentando». Sin cambios organizativos y con los mismos medios el plan carece de eficacia, opina Mollinedo. Según cálculos de Gestha la evasión fiscal anual en España es de 88.000 millones de euros y la economía sumergida representa en nuestro país el 23% del PIB, la más alta de toda la UE. Para combatir la economía B, la Agencia Tributaria incrementará las actuaciones de carácter presencial, con visitas a locales y negocios para detectar economía sumergida, lo que hará conjuntamente con la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y con la Tesorería General. Así, los inspectores de Hacienda se personarán en locales situados en determinadas áreas geográficas o en los que se desarrollan actividades propias de determinados sectores económicos. Se tratará la información procedente de la nueva declaración anual sobre consumos de energía eléctrica para detectar inmuebles en los que haya aumentado el consumo de energía eléctrica y no consten como destinados a uso alguno.

Suspensión de pagos
Con la crisis se han disparado en estos últimos años los concursos de acreedores –antigua suspensión de pagos– y por ello la Agencia Tributaria quiere dirigir sus actuaciones de control a aquellas empresas que estando en situación de proceso concursal tratan de aprovechar la protección otorgada por la legislación concursal para eludir el pago de las deudas tributarias. Se intensificará la inspección de deudores con incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales, con el fin de embargarles bienes.

La Agencia Tributaria también actuará especialmente en relación con aquellos contribuyentes que tributan en régimen de módulos y que dividen artificialmente su actividad entre varios sujetos (mujer o hijos) con el fin de eludir la exclusión de este régimen, más beneficioso que el régimen general. Las actuaciones de control que se realicen en este sentido se verán reforzadas con la puesta en práctica de un plan de visitas a contribuyentes en módulos. En opinión de Gestha, esta medida sería útil en época de bonanza económica pero no ahora cuando muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que tributan en este régimen han tenido que cerrar su actividad por la crisis. A esto se añade la difícil situación por la que atraviesan pymes y autónomos españoles que cargan cada año con 800 millones de euros correspondientes al IVA de facturas que aún no han cobrado, según estimaciones de Gestha. A juicio de los Técnicos de Hacienda, que se han basado en datos del INE, esta carga impositiva es «muy gravosa» debido al aumento de la morosidad y los impagos derivados de la crisis. Para solventar este problema, los Técnicos de Hacienda demandan que el Gobierno adopte una Directiva de la UE aprobada en julio de 2010 relativa a esta cuestión. La iniciativa europea permite que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja para que el proveedor pueda abonar el impuesto una vez reciba el pago y no antes.

Más de lo mismo
El resto de medidas que desarrolla el plan son una continuación de anteriores actuaciones de lucha contra el fraude, como por ejemplo el refuerzo de intercambios de información en el ámbito de la OCDE para luchar contra los paraísos fiscales. La Agencia Tributaria no cuantifica de momento cuánto esperar recaudar con este plan a la espera de que lo anuncie mañana el secretario de Estado de Hacienda. En 2010 por actuaciones contra el fraude fiscal emergieron 10.000 millones de euros.