Ciudadanía se dirime en el Supremo

madrid- Han pasado casi tres años desde que se aprobara la Ley Orgánica de Educación y, con ella, la denostada asignatura de Educación para la Ciudadanía, una bomba de relojería que ha estallado en manos del Gobierno y que ha acabado en los tribunales. El conflicto afronta ahora en el Supremo una batalla decisiva. Los 43 jueces del tribunal tienen que debatir el día 26 los cuatro recursos contra otras tantas sentencias emitidas por los tribunales superiores de Andalucía y Asturias, que fueron recurridas por la propia Junta, en el primer caso, y por los padres, en el segundo. Educación para la Ciudadanía ha comenzado a impartirse este curso de forma generalizada en toda España (en el anterior la introdujeron la mayoría de las comunidades socialistas) y ya ha recibido más de 50.000 objeciones de padres que rechazan que el Estado imponga de forma obligatoria la formación moral de sus hijos, una labor incompatible con la libertad educativa recogida, sostienen, en el artículo 27 de la Constitución. España, destacan los detractores de la materia, figura como el único país de Europa que trata la moral en Educación para la Ciudadanía, una asignatura que, entre los contenidos más molestos, incluye los nuevos modelos de familia, aprender a cuestionar los estereotipos procedentes del entorno familiar, el pluralismo moral o la sexualidad. Al hilo del estrepitoso aumento del número de embarazos, distintos miembros del Gobierno ya han recordado que Ciudadanía hará hincapié en la educación sexual y reproductiva y en la anticoncepción. Así las cosas, la negativa de algunas comunidades autónomas a aceptar la objeción de conciencia ha derivado en un verdadero estallido judicial que ha terminado con 1.594 recursos y 263 resoluciones favorables a los padres objetores en 2008. Los tribunales de Aragón, Extremadura, La Rioja y Andalucía han fallado a favor de la objeción, mientras que en Castilla-La Mancha y Castilla y León se han emitido autos de medidas cautelares que eximen a los alumnos de cursar la asignatura hasta que se dicte sentencia. En contra del derecho de la objeción se han pronunciado en Navarra y Baleares, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo reconocía, pero aludía a la falta de pruebas que confirmaran que Ciudadanía suponía una intromisión en la formación moral de los alumnos, matiz que propició uno de los recursos de los padres que estudiará el Supremo. Las resoluciones judiciales han llevado a comunidades como La Rioja o Castilla y León, en un primer momento muy ambiguas con esta postura, a aceptar las objeciones sin recurrir a los juzgados. Por el contrario, Andalucía abandera la oposición al movimiento objetor y, aunque acata las sentencias y autos de medidas cautelares, obliga a acudir al juzgado a cada padre objetor, destacan los Profesionales por la Ética, una de las principales asociaciones, junto con el Foro de la Familia, promotoras de la objeción. Los objetores confían en que el Supremo declare que la asignatura supera los límites constitucionales o que reconozca la objeción. Si no lo hace, recurrirán al Tribunal Constitucional o al Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde ya existen precedentes de objeción educativa.