Fiscal pide 3 años de cárcel para el consejero de Industria cántabro por prevaricación y obstrucción a la justicia

La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Javier del Olmo (PSOE), al que acusa de dos delitos de obstrucción a la Justicia y uno de prevaricación por decisiones que tomó mientras fue presidente del Puerto de Santander.Del Olmo está acusado de haber despedido a un directivo del Puerto de Santander en represalia por haber declarado a favor de otro empleado en un juicio laboral y de haber hecho que empeoraran las condiciones de trabajo de este último tras ese pleito.En un auto hecho público hoy, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha decidido abrir juicio oral contra Del Olmo por dos delitos de obstrucción a la Justicia, otro de prevaricación, dos faltas de vejaciones y una de amenazas, y ha emplazado al consejero a depositar una fianza de 35.000 euros para asegurar las responsabilidades que puedan derivarse de su actuación.Por estos hechos, el Ministerio Fiscal acusa al consejero de dos delitos de obstrucción a la Justicia, otro de prevaricación, dos faltas de vejaciones y una de amenazas.La Fiscalía pide que se imponga a Del Olmo un año y medio de cárcel por cada uno de los dos delitos de obstrucción a la Justicia y el pago de dos multas que suman 14.400 euros.Por el delito de prevaricación solicita ocho años de prevaricación, mientras que por las faltas de vejaciones pide 900 euros de multa, y otros 450 euros por la de amenazas.Además, el Ministerio Fiscal solicita que Del Olmo indemnice a los dos trabajadores del Puerto con 12.000 euros a cada uno.La acusación particular, que ejercen el directivo y el trabajador del Puerto, ha pedido que se condene a Del Olmo a dos años y medio de prisión por delitos continuados de prevaricación y obstrucción a la Justicia y a pagar una multa de 13.500 euros, además de inhabilitación por un periodo de ocho años y medio y una indemnización de 12.000 euros.En este proceso también se personó como acción pública la Organización Impulsora de Discapacitados, que se ha adherido al escrito de acusación del Ministerio Fiscal.Javier del Olmo ya fue condenado por este caso en la jurisdicción Social, ya que, primero un juzgado, y después la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictaminaron en sendos fallos que el consejero despidió ilegalmente al directivo del Puerto cuando presidía ese organismo.La sentencia de la Sala de lo Social del TSJC explicaba literalmente que el Puerto de Santander trató de imputar a ese directivo una serie de indisciplinas o abusos de confianza "para disimular los verdaderos motivos que llevaron a la decisión de despedir: la represalia ante el testimonio, veraz y decisivo para el juez de lo Social en un proceso anterior, pero contrario a la demandada".Ese fallo del TSJC concluía que Del Olmo no tenía competencias como presidente del Puerto de Santander para aprobar ese despido y además estimaba que, con su decisión, el consejero vulneró los derechos constitucionales del directivo.Posteriormente, la Sala de lo Civil y Penal consideró que existen indicios racionales de que Del Olmo tomó represalias mientras presidía el Puerto contra esos dos empleados, y ahora la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por estos hechos.Javier del Olmo presidió la Autoridad Portuaria de Santander (APS) desde junio de 2004 hasta julio de 2007, cuando fue nombrado consejero de Industria del Gobierno de Cantabria.