La ley de internet se atasca en Bruselas

Una inesperada rebelión del Parlamento Europeo propinó ayer un nuevo varapalo a la «ley Sarkozy» contra las descargas de internet. A última hora, los eurodiputados decidieron aprobar una enmienda para exigir que sólo un juez pueda autorizar el corte de la conexión a internet de los «piratas» más recalcitrantes. En cambio, el presidente francés quiere que sea un organismo administrativo quien se encargue de decidir este castigo, lo que ha provocado una monumental refriega entre el Parlamento Europeo y el Gobierno francés que se prolongará durante los próximos meses.

Acuerdo intermedio

En las últimas semanas se habían sucedido las negociaciones para evitar que los eurodiputados lanzasen su campaña contra la «ley Sarkozy». De hecho, la semana pasada ambas partes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo intermedio que permitía que todos cantasen victoria. Así, los franceses lograron que el texto final no mencionase la necesidad de una autorización judicial previa. Y, a cambio, el Parlamento exigió que cualquier medida fuese recurrible ante los tribunales y que respetase los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, como la privacidad, la libertad de expresión o el acceso a la información.

Como publicó ayer LA RAZÓN, los eurodiputados se acostaron el martes convencidos de que éste sería el texto que se aprobaría. Sin embargo, todo cambió a primera hora de ayer, cuando los liberales lideraron una revuelta parlamentaria para recuperar una versión anterior del texto, menos ambigua en su rechazo a los cortes de conexión sin autorización judicial. «Muchos diputados se han dado cuenta de que el voto de los internautas será un tema crucial en las elecciones europeas del mes que viene», explicaban ayer desde el Parlamento.

En las últimas semanas, los internautas han montado una de sus campañas más potentes contra el llamado «paquete telecom», una ambiciosa batería de medidas que pretendía simplificar el funcionamiento de las telecomunicaciones en la UE. Las asociaciones de internautas exigían que la norma consagrase el papel de los jueces en las desconexiones a los «piratas». Además, denunciaban que el texto rompe con el principio de neutralidad de la Red: es decir, que ninguna página o servicio de internet reciba privilegios de los proveedores de acceso, independientemente de su tamaño.

Claro mensaje

Las consecuencias del voto comunitario contra la norma francesa resultan imprevisibles. En principio, Sarkozy no tendrá ningún problema en seguir adelante con la tramitación de la ley contra las descargas, que se votará dentro de un par de semanas, ya que la votación de ayer todavía no tiene valor jurídico. Sin embargo, los eurodiputados han lanzado un claro mensaje contra la iniciativa francesa que la oposición podrá utilizar como munición política.

De hecho, la aprobación de la «ley Sarkozy» está siendo mucho más problemática de lo que se pensaba al principio. Por ejemplo, la Asamblea francesa tenía previsto aprobar el proyecto de ley el pasado 9 de abril, pero la ausencia de varios diputados del partido del presidente provocó una inesperada derrota. Y lo mismo ocurrió con la revuelta de los europarlamentarios, fraguada en el último minuto con el apoyo de los liberales, los verdes, los grupos de izquierda y parte de los socialistas.

La decisión del Parlamento provocó el entusiasmo de las asociaciones de internautas. Así, el grupo francés La Quadrature du Net aplaudió la «valentía» de los eurodiputados en defensa del «derecho fundamental» a la conexión a la Red. Sin embargo, los parlamentarios que no apoyaron la moción contra la «ley Sarkozy» lamentaron que, ante la falta de acuerdo en la UE, los internautas vayan a quedarse «desprotegidos». «Han preferido quedarse sin nada que aceptar una moción que podría ser más "light"que la propuesta original, pero que al menos existía», explicó ayer un asesor parlamentario que defiende el acuerdo con Francia.

La otra consecuencia de la decisión del Parlamento será que la tramitación del «paquete telecom» se quedará estancada. En principio, los responsables de Telecomunicaciones de los 27 se reunirán el 12 de junio para decidir si aceptan la enmienda aprobada ayer por los eurodiputados. Dada la postura francesa, lo más probable es que rechacen este paquete. Entonces se abriría un «proceso de conciliación» que duraría meses. Y, mientras tanto, los distintos países podrían aprobar leyes contra la «piratería» que quizá choquen con la normativa que acabe pactando la UE. Y, ante esta política de hechos consumados, el único recurso serían larguísimas batallas judiciales de consecuencias imprevisibles.El colpaso de la ley españolaUno tras otro, los pilares de la estrategia del Gobierno para aprobar una norma contra la «piratería» se van desmoronando. El primero era que las partes implicadas (los creadores de contenidos y las operadoras de telefonía) negociasen un acuerdo por su cuenta que recibiría el visto bueno del Ejecutivo. Sin embargo, esta vía ha quedado bloqueada por la negativa de los proveedores de internet a cortar la conexión a los «piratas» más pertinaces, como exigían algunos representantes de los creadores. Por otra parte, el Gobierno confiaba en aprovechar la estela de otros países como Francia y Reino Unido para limitar la impopularidad de restringir las descargas ilegales. Sin embargo, no contaban con que la tramitación de las normas de ambos países estuviera plagada de obstáculos ni que el Parlamento Europeo se pronunciase de forma tan rotunda como ayer. Y eso que el tiempo apremia, puesto que se están acentuando las presiones para que España se decida a legislar. Así, un informe del Gobierno de EEUU acaba de acusar al Ejecutivo de Zapatero de ser «permisivo» con los piratas e insta a que se prohíba el intercambio de archivos sin autorización. Y el plazo se va agotando, pues el Gobierno querría tener algún avance antes de la visita del vicepresidente de EEUU, Joe Biden, un firme defensor de los derechos de autor.