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16 estados demandan a Trump para frenar su muro

  • Protesta contra el presidente de los Estados unidos, Donald Trump, en Nueva York / EFE
    Protesta contra el presidente de los Estados unidos, Donald Trump, en Nueva York / EFE
Nueva York.

Tiempo de lectura 2 min.

20 de febrero de 2019. 15:27h

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Julio Valdeón.  Nueva York. 20/2/2019

Dieciséis estados han demandado a Donald Trump en los tribunales por su decisión de declarar el Estado de emergencia para sufragar la construcción de un muro en la frontera con México. Los estados, personados ante el juzgado del Distrito Federal en San Francisco, arguyen indefensión y dicen actuar en legítima defensa de sus ciudadanos, sus intereses económicos y sus recursos. La orden presidencial, que permite reubicar miles de millones de fondos previamente asignados a otros fines, ha provocado una considerable marejada política y era cuestión de días que los estados respondiesen ante la justicia.

Entre otras cuestiones a resolver está la propia naturaleza de la emergencia, esto es, dilucidar si la situación en la frontera es una situación límite que amerita la activación de medidas extraordinarias. Otro asunto clave es saber hasta qué punto la Casa Blanca puede sobrepasar la voluntad de un Congreso cuya mayoría demócrata se ha negado reiteradamente a secundar la petición de fondos para la frontera.

Xavier Becerra, fiscal general de California, ha explicado a la cadena ABC que hay por lo menos «8.000 millones -por el presupuesto que piensa reunir Trump- de formas en que podemos probar el daño» que la medida presidencial causará, y lo primero es determinar si el dinero saldrá de «los servicios de emergencia a incendios o aludes», o tal vez de «los tornados e inundaciones en otras partes del país», o quizá de «nuestros militares, mujeres y sus familias».

A la demanda, presentada en la Corte del Distrito Federal en San Francisco, liderada por California, se han unido estados como Nueva York, Hawái, Colorado, Nuevo México y Nevada. Argumenta que Trump ha despreciado de forma flagrante los «principios fundamentales de separación de poderes consagrados en la Constitución de los Estados Unidos», mediante el «pretexto de una “crisis” manufacturada de inmigración ilegal a fin de declarar una emergencia nacional y redirigir los dólares federales» destinados, entre otras cosas, a financiar «los programas de ayuda la drogodependencias y la construcción de infraestructuras militares».

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