Johnson y su peligrosa jugada a dos bandas

La victoria electoral de diciembre fue recibida por Boris Johnson y los suyos como un claro espaldarazo a sus políticas y a su objetivo primordial: sacar adelante el Brexit. Sin embargo, una vez cumplido ese cometido, el resultado de la consulta también escondía otro mensaje para el primer ministro, uno que lo pone en una difícil encrucijada. El Partido Conservador logró derribar el llamado «Muro Rojo» y arrebatar importantes feudos al laborismo en el norte de Inglaterra. Pero una vez recogidos los frutos toca regar la semilla, y aquí es donde surge el problema para Johnson. Si tiende la mano a sus nuevos votantes, tendrá que enfrentarse tarde o temprano a aquellos sectores económicos que siempre se mostraron cercanos a los «tories».

La mayor parte de estos nuevos votantes conservadores eligieron a Johnson para que les sacara de la Unión Europea, pero también se caracterizan por algo no tan habitual entre sus partidarios: pertenecen a la clase trabajadora. Si quiere amarrar estos votos en una futura reelección y evitar que vuelvan a manos laboristas, tendrá que alejarse un poco de las políticas conservadoras.

Por ello el primer guiño hacia las clases obreras no ha tardado en llegar, anunciando que aprobará la «mayor subida de siempre» del salario mínimo. «Durante mucho tiempo la gente no ha recibido el incremento salarial que se merece», aseguraba Johnson hace una semana. A partir de abril, subirá el 6,2% el sueldo mínimo, hasta las 8,72 libras (10,2 euros) por hora trabajada. El siguiente objetivo, según el Gobierno, sería llegar a las diez libras por hora en 2024, aunque eso se producirá «siempre que las condiciones económicas lo permitan».

Esta subida ha sido rápidamente criticada por las Cámaras de Comercio Británicas (BCC por sus siglas en inglés), que creen que creará problemas para las empresas «en un momento de gran incertidumbre económica». Hannah Essex, codirectora ejecutiva de las BCC, considera que, a cambio, el Gobierno debe «compensar estas cargas reduciendo otras e imponer una moratoria sobre cualquier costo adicional para los negocios».

Pero esta última muestra de acercamiento a la franja norte de Inglaterra no es la primera. Justo después de las elecciones, la prensa británica desvelaba que Johnson planea aumentar enormemente la inversión en infraestructuras en estas regiones. El objetivo sería luchar contra la desigualdad entre el sur, más rico, y el norte obrero. Eso, y evidentemente, premiar a sus nuevos votantes. Un gasto que se contradice con la otra cara de la moneda con la que tendrá que lidiar Boris Johnson. No podrá descuidar una economía que, según un estudio de las Cámaras de Comercio Británicas, se ha «estancado» en los últimos meses en medio de una importante incertidumbre a largo plazo y el aumento de los costes comerciales.

Por tanto, el Gobierno británico no tendrá tiempo para disfrutar de la firma del Brexit en menos de un mes, ya que las primeras señales de alarma comienzan a escucharse desde el número 10 de Downing Street. El informe de las BCC indica una «debilidad prolongada» y un efecto especialmente negativo en empresas manufactureras y del sector servicios. Pero además de calificativos nada optimistas sobre la economía británica, la institución financiera también manda otro mensaje al «premier»: es necesario un buen acuerdo comercial con la UE.

Porque aunque Johnson haya logrado formalizar el divorcio con el bloque, aún resta la que para muchos es la parte más complicada, fijar las relaciones futuras. Unas relaciones que tendrán que ser negociadas apenas en once meses, hasta final de 2020. La UE puso sobre la mesa la opción de prorrogar este periodo de transición dos años más, pero Londres se encargó de «autoprohibirse» tal opción al incluir una cláusula en la Ley del Brexit para impedirlo.

Por si todavía queda tiempo para rectificar, el pasado viernes el Partido Laborista presentó una enmienda para que se solicite la prórroga de dos años ante el miedo de que no haya acuerdo comercial a final de año. Este arriesgado movimiento también preocupa especialmente al sector financiero, y las BCC solicitan al Ejecutivo liderado por Johnson lograr una «relación comercial futura clara» con el bloque. Adam Marshall, director general del grupo, pide al Gobierno que use la mayoría parlamentaria para «tomar importantes decisiones que estimulen el crecimiento».

En caso de no lograr un acuerdo comercial a finales de año, Reino Unido tendría que atenerse a la normativa de la Organización Mundial del Comercio, lo que provocaría importantes subidas de impuestos a aquellos bienes que exporte la isla. De todas formas, desde la UE también son conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo. Y, si no, que se lo pregunten a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, que considera que si no se entienden estarán «de nuevo al borde del abismo».