La acusación cree que Assange puso en peligro cientos de vidas con sus filtraciones

Ataviado con un traje gris y luciendo su característica melena blanca, Julian Assange, de 48 años, y cuya salud se ha deteriorado tras casi una década de confinamiento en Reino Unido, acudió ayer a la corte londinense de Woolwich para el inicio del juicio sobre su proceso de extradición a Estados Unidos, donde le reclaman por dieciocho cargos de espionaje e intrusión informática.

El fundador de WikiLeaks -actualmente preso en la cárcel de Woolwich- saltó a la fama en 2010 al publicar 250.000 cables confidenciales de diplomáticos estadounidenses -entre ellos sobre la guerra Irak e Afganistán- que pusieron en aprietos a Gobiernos a ambos lados del Atlántico. Para muchos se trató de la mayor exclusiva periodística jamás publicada. Pero desde entonces, la excéntrica figura del australiano ha estado repleta de luces y sombras.

El “hacker” simplemente habló hoy para confirmar su identidad y decir que comprendía el procedimiento. Aunque en alguna ocasión también se quejó de que no escuchaba con claridad la sesión, debido a las voces de decenas de manifestantes que se concentraron a las puertas del juzgado para pedir su liberación.

Por su parte, en la galería del público estaba su padre, John Shipton, quien, en declaraciones previas a la Prensa, advirtió de que estaba en juego el propio futuro del periodismo.

En el primer tramo del proceso, tomó la palabra el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia estadounidense, que pidió la entrega de Assange para ser enjuiciado por diecisiete delitos relativos a la ley de espionaje y uno al amparo de la ley de fraude y abuso informático, que implican hasta 175 años de cárcel.

Lewis explicó que se requiere al activista por “alentar y ayudar” al ex soldado estadounidense Bradley Manning (actualmente Chelsea Manning), a obtener ilegalmente información clasificada de ordenadores oficiales, que WikiLeaks publicó después entre 2010 y 2011.

Los documentos revelados en colaboración con periódicos de todo el mundo eran registros militares que expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre los arrestos extrajudiciales en la bahía de Guantánamo y cables diplomáticos sobre otros Gobiernos.

Lewis subrayó que no se persigue a Assange por su actividad como supuesto periodista -negó que lo sea pese a que tiene el carné- sino por el crimen de tratar de acceder a ordenadores oficiales y “poner en peligro” la vida de “fuentes e informantes” citados en los documentos.

Este martes será el turno de la defensa del australiano y las vistas quedarán luego aplazadas hasta el 18 de mayo, cuando se podrá llamar a los testigos. Sin embargo, en una vista preliminar la semana pasada el primer abogado, Edward Fitzgerald, ya adelantó que existen pruebas de que Donald Trump ofreció el indulto a su cliente si negaba la implicación de Rusia en una filtración de correos electrónicos en 2016 que perjudicó a su rival política, la demócrata Hillary Clinton.

En este sentido, otra de sus abogadas, Jennifer Roinson, señaló que el ex congresista republicano Dana Rohrabacher acudió a la Embajada de Ecuador a ver a Assange, a quien le dio instrucciones de parte del presidente estadounidense y le ofreció el indulto si decía que Moscú no tuvo nada que ver en las filtraciones del Comité Nacional Demócrata. Dicha visita habría tenido lugar en agosto de 2017. La jueza de distrito Vanessa Baraitser señaló que las pruebas son admisibles.

Detenido inicialmente en 2010 en Reino Unido a petición de Suecia por un caso de violación que a día de hoy está archivado, Assange ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después refugiado desde 2012 en la embajada en Londres de Ecuador, que en 2019 le retiró el asilo político. El pasado mes de mayo, Estados Unidos pidió a Reino Unido su extradición.

Durante los años en los que permaneció en la Embajada de Ecuador en Londres, el “hacker” no estuvo tampoco quieto. En varias ocasiones, el Gobierno de Quito reprochó a su huésped que se involucrara en los asuntos de terceros países, como las elecciones estadounidenses de 2016 o la crisis política en Cataluña, donde se posicionó a favor de los independentistas recibiendo varios pagos de la Generalitat para hablar mal de España.