15 millones de dólares. Ese es el precio de la recompensa que Estados Unidos ofrece por la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. «Priorizó el uso de cocaína como arma contra Estados Unidos», reza la acusación, «e importó la mayor cantidad de cocaína posible en Estados Unidos».

Los fiscales, de hecho, hablan de una «inundación». Lo acusa de tráfico y lavado dinero a gran escala. Los cargos llegan después de una larga investigación en varios estados, liderada por el departamento de Estado y las fiscalías de Nueva York y Florida. La noticia, filtrada por medios como “The New York Times”, vino precedida por el rumor de que el departamento de Estado planeaba incluir al país suramericano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Un dudoso “honor” del que de momento sólo disfrutan Siria, Corea del Norte, Sudán e Irán. Pero después de varias horas de confusión quedó claro que la carga de profundidad era de otro calado y llegaba por otras vías. Se trata de una investigación, anunciada por el fiscal general, William P. Barr, y el objeto de su atención es un viejo clásico de la geopolítica americana: cocaína, y toda la montaña de corrupción, riqueza y destrucción asociados.

Los cargos, presentados por Barr junto con los principales funcionarios del Departamento de Justicia en Nueva York y una nutrida panoplia de fiscales federales, entre ellos Geoffrey S. Berman, fiscal del distrito sur de Nueva York, marcan un nuevo hito en la catastrófica peripecia del régimen bolivariano.

A las investigaciones por violaciones de los derechos humanos de todo tipo, de la censura a la brutalidad policial y de la tortura a de las desapariciones de opositores, Maduro y los suyos añaden ahora la condecoración de situarse en el damero de los “Chapo” Guzmán, los hermanos Orejuela o Pablo Escobar.

Y por cierto, Maduro no está sólo: entre los acusados, 15, hay miembros de su Gobierno, responsables del espionaje venezolano y guerrilleros colombianos, eternamente pringados en el sangriento negocio de la coca como vía para financiar sus delirios y enriquecerse personalmente.

Para los investigadores parece claro que el régimen de Maduro, destruido económicamente y con el recurso del petróleo taponado, optó por mantenerse en el poder mediante el narcodinero. Fueron millones y millones de dólares pringados de sangre y coca como método más eficaz de mantener engrasada la siempre compleja y voraz red de complicidades que toda dictadura requiere para mantenerse.

Por no hablar de los ingentes recursos necesarios para financiar el tren de vida de la camarilla. No es la primera vez que personajes como Maduro o Diosdado Cabello son acusados de narcotráfico. Hace ya dos años, el departamento del Tesoro justificó sus sanciones contra el segundo después de supuestamente haber usado instalaciones del estado venezolano para exportar cargamentos de droga.

El Tesoro sostuvo que Cabello dividía sus beneficios del narco con Maduro y otros altos cargos. Pero de alguna forma EE UU parecía renuente a presentar cargos judiciales contra la plana mayor del régimen. Existía el riesgo evidente de que no quedase ni un sólo interlocutor al que dirigirse en el caso de que la satrapía colapsara. Para los fiscales resulta evidente la conexión entre el Gobierno de Maduro y el denominado Cartel de los Soles.

Barr habla de un Gobierno que usó la coca, también, como arma de guerra e instrumento de desestabilización contra Estados Unidos. Entre las acusaciones por narcotráfico, la conspiración para importar a Estados Unidos y la compra/venta de armas con las que proteger los envíos las sentencias podrían oscilar entre los 20 años y la cadena perpetua.

Se habla de miles de toneladas de coca. Para el veterano fiscal Berman «los acusados ​​traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron a las instituciones venezolanas a fin de enriquecerse con el dinero del narcotráfico».

El caso por momentos recuerda el precedente de otro dictador, Manuel Antonio Noriega. El viejo aliado de la CIA, y posteriormente de Cuba, compaginó su bestial enriquecimiento mediante el tráfico de cocaína con un papel sustancioso en la guerras civiles que consumían centroamérica. Noriega fue acusado de tráfico de narcóticos por la fiscalía de Miami y acabó deportado a EE UU, después de la invasión del país. Está por ver cuál será el destino de Maduro y los suyos.

El senador Marco Rubio, quien tiene una gran influencia en la política del Gobierno estadounidense hacia Latinoamérica, informó de la medida en sus redes sociales.

“Hoy Nicolás Maduro será imputado por el Departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo”, afirmó el legislador en Twitter poco antes de una rueda de prensa, en la que se anunciarán oficialmente los cargos.

El Gobierno de EE UU ofreció también 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes del chavismo.

Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece 10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el ex general venezolano Hugo Carvajal, y el ex jefe militar Cliver Alcalá Cordones.