Rechazan los intentos de Trump de ocultar documentos sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos

Los múltiples intentos de Donald Trump de mantener ocultos los documentos relacionados con el histórico asalto al Capitolio del 6 de enero han resultado en vano. Una jueza de EEUU con tribunal en el Distrito de Columbia, la magistrada Tanya S. Chutkan, falló en contra del ex presidente el martes por la noche (la madrugada de España) alegando que la comisión del Congreso que investiga el suceso sin precedentes tiene derecho a recibir los documentos.

El presidente Biden está de acuerdo con que los legisladores que encabezan la investigación puedan acceder a todos los archivos relacionado con el caso, y la Casa Blanca también comparte la decisión judicial de que los poderes de supervisión constitucional del Legislativo para obtener la información prevalecen sobre los poderes residuales secretos de un ex presidente.

Pero Trump tiene toda la artillería necesaria reservada para evitar verse expuesto y uno de sus abogados ya ha adelantado la intención de apelar el fallo judicial, que plantea novedosas cuestiones sobre los poderes de privilegio ejecutivo del ex presidente. Esas cuestiones tanto del alcance como de los límites de la autoridad de privilegio ejecutivo, por su naturaleza relacionada con pasados y futuros presidentes de EEUU, podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema.

También el actual portavoz de Trump, Taylor Budowich, reconoció que el caso estaba destinado a apelación, alegando que el ex presidente está comprometido a defender el derecho de presidentes pasados, actuales y futuros para hacer valer el privilegio ejecutivo, y confirmando en Twitter que estaría “llevando a cabo este proceso”.

En el fallo judicial, de 39 páginas, Chutkan sostiene que “Trump no reconoce la diferencia que se le debe al juicio del presidente en ejercicio. Su posición de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo parece basarse en la idea de que su poder ejecutivo existe a perpetuidad”.

Trump quiere mantener en secreto los documentos relacionados con sus acciones y conversaciones tanto previas como durante la jornada del 6 de enero, cuando se produjo el asalto al Capitolio orquestado por una turba de seguidores trumpistas. Pero la jueza federal añade en la sentencia que “los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”. Esos documentos, que ahora dependen de que la Administración Nacional de Archivos y Registros entregue el material al comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio, incluyen conversaciones, notas escritas a mano, llamadas telefónicas, rastreo de visitas y borradores de discursos.

Los Archivos Nacionales también recopilan registros detallados de movimientos y encuentros de Trump el mismo día del ataque a la sede del legislativo, el 6 de enero de 2021, durante la manifestación “Stop the steal” (Paren el robo) de sus partidarios, que fueron incitados a marchar desde el lugar del mitin electoral hasta el Capitolio para impedir que el Congreso de EEUU certificara oficialmente la victoria del demócrata Joe Biden en el Colegio Electoral.

Durante su mandato, Trump bloqueó estratégicamente todas las citaciones de supervisión del Congreso, incrementando sus esfuerzos antes de las elecciones presidenciales de 2020 y trasladando la petición de desafiar dichas citaciones a su equipo cercano y subordinados, llegando incluso a presentar una demanda contra los Archivos Nacionales para evitar que algunos documentos de su Administración se hicieran públicos.

Pero el fallo judicial de Tanya Chutkan, magistrada designada por el ex presidente demócrata Barack Obama en 2014, da un giro radical a la estrategia de Trump y muestra el escepticismo institucional sobre los argumentos legales del ex presidente republicano.

Tanto el Congreso de EEUU como la Casa Blanca de Biden consideran que “descubrir y aceptar las causas subyacentes al ataque del 6 de enero es un asunto de importancia pública insuperable porque dicha información se relaciona con nuestras instituciones democráticas centrales y la confianza del público en ellas”. Otro de los argumentos a favor defiende que evitar que un suceso de esa magnitud se vuelva a producir es otra de las finalidades del proceso de investigación.

A menos que una orden judicial lo impida, el presidente Joe Biden ha dado instrucciones al director de los Archivos Nacionales de entregar la primera parte del material citado por el comité del Congreso el próximo 12 de noviembre.