La justicia francesa ha dictado una pena de doce meses de prisión condicional contra una mujer de 35 años que reconoció haber dejado a sus hijos de 5, 9 y 13 años en condiciones de insalubridad extrema. Los menores vivían entre restos de comida en descomposición, excrementos y basura acumulada en un apartamento de la localidad de Quimper, al oeste del país.

El caso salió a la luz en mayo de 2024 tras la alerta de una funcionaria escolar, que advirtió que la menor de cinco años acudía con frecuencia sucia, con heridas visibles y signos de no haber comido. Aquella observación activó la respuesta de los servicios sociales y de la policía, que descubrieron un escenario de abandono severo en la vivienda familiar.

Cuando los agentes entraron al piso describieron un olor nauseabundo, desechos en el suelo y sanitarios inutilizables. Los inodoros estaban llenos de heces, la ducha era impracticable y la vivienda presentaba montones de basura de varios decímetros de altura. La progenitora admitió después ante el tribunal: “Descuidé por completo a mis hijos. No fui una buena madre”.

Un rescate que evitó mayores riesgos

La investigación confirmó que la situación generó graves consecuenciasfísicas y psicológicas. Se constató que los hermanos mayores se agredían entre sí y que la niña pequeña sufrió incluso quemaduras con un encendedor. En la escuela, la mayor de las hijas se presentaba sucia, demacrada y sin el material básico escolar. La fiscalía advirtió que existió “una negligencia tal que se puso en riesgo la salud de los niños, expuestos a todos los peligros en un entorno insalubre”.

Tras la intervención, los tres menores fueron puestos bajo tutela y trasladados a hogares de acogida. Las abogadas que los representan subrayaron ante el tribunal que las secuelas del abandono serán duraderas y en buena parte irreparables.

El defensor de la acusada reconoció las graves deficiencias de su clienta y explicó que la mujer asumió sus responsabilidades entre sentimientos de vergüenza y arrepentimiento. Finalmente, el Tribunal Penal de Quimper dictó la condena solicitada por la fiscalía: un año de prisión condicional y la pérdida de la custodia de los menores, que permanecerán bajo protección del Estado.