Bruselas mira con inquietud una nueva victoria del Partido de Ley y Justicia en Polonia el 15 de octubre

ste próximo 15 de octubre Polonia se enfrenta a unas elecciones históricas en las que se dirime no sólo el rumbo del país desde el punto de vista interno sino también su papel en la construcción europea, en un momento especialmente trascendental para el futuro del club.

El Partido de Ley y Justicia (PIS por sus siglas en inglés) parte como favorito y podría revalidar un tercer mandato. Desde que llegó al poder en el año 2015 se ha distinguido por sus constantes choques con Bruselas, debido a lo que las instituciones europeas consideran una deriva autoritaria caracterizada por la falta de independencia del sistema judicial y ciertas leyes polémicas para el colectivo LGTBI. Aunque Varsovia ha intentado en los últimos tiempos limar asperezas sobre todo en lo concerniente al capítulo judicial, (justifica sus medidas en la necesidad de limpiar el sistema polaco de magistrados pertenecientes a la época comunista), la Comisión Europea sigue bloqueando los fondos post- pandemia hasta que estos cambios no sean de calado.

El partido que puede arrebatar el gobierno al PiS es la Plataforma Cívica de Donald Tusk, perteneciente al Partido Popular Europeo y que fue primer ministro del país durante siete años. Es también un viejo conocido de los pasillos comunitarios, ya que fue presidente del Consejo desde 2014 y 2019 y dejó buen sabor de boca entre las cancillerías europeas. Su victoria sería toda una celebración en Bruselas ya que ha prometido una reforma del sistema judicial para que éste recupere su independencia respecto al poder ejecutivo, lo que permitiría desbloquear los fondos europeos.

Además, el Partido Popular Europeo conseguiría hacerse con el Gobierno de un país grande tras las últimas derrotas electorales y la Hungría de Viktor Orban –país que también está sumido en una deriva autoritaria- quedaría aislada dentro del club. Tanto Polonia como Hungría se han enfrentado al denominado artículo 7, el conocido en los pasillos comunitarios como botón nuclear que en su última fase puede suponer la pérdida del derecho de voto en el Consejo. Para que esto suceda, se necesita la unanimidad de todas las capitales y la alianza entre Varsovia y Budapest ha acabado desactivando esta arma.

Con el PiS fuera de juego, Orban tan sólo tendría como aliado a Robert Fico que acaba de ser el candidato más votado en Eslovaquia. Un país de mucho menor tamaño e influencia que Polonia. Esto también permitiría encarar con un mayor optimismo las próximas elecciones europeas del mes de junio, ante el peligro de que cada vez más partidos populistas y de tinte euroescéptico tengan un mayor peso en el hemiciclo.

A pesar de que la relación entre Varsovia y Bruselas ha sido tumultuosa en los últimos años, las aguas se calmaron relativamente con el estallido de la guerra en Ucrania. Los países del Este habían estado alertando en las últimas décadas sobre las ansias expansionistas de Vladimir Putin mientras el eje franco-alemán apostaba por contemporizar con Moscú. La invasión de Ucrania legitimó los argumentos del bloque del Este y Varsovia se convirtió en uno de los grandes apoyos de Kyiv en el envío de armamento, la acogida de un millón refugiados ucranianos y su papel logístico como país de tránsito de todo el armamento que los europeos están enviando al país invadido por Kyiv.

Pero esta ayuda inquebrantable se ha aminorado en las últimas semanas después de que la entrada masiva de grano ucraniano al país haya empobrecido a sus agricultores. Varsovia ha anunciado que cumplirá con sus compromisos de envío de armamento, pero que después se centrará en modernizar su propio ejército. Tras la victoria en Eslovaquia de Fico, abiertamente prorruso, se cierne la sombra de un posible efecto contagio al resto de los países del Este con Orban como gran beneficiado.

A todo esto se han sumado los fantasmas del pasado. En el año 2015, la entrada masiva de refugiados sirios puso en un difícil brete al club comunitario que decidió poner en marcha un sistema de cuotas obligatorias de asilo que fue boicoteado sin descanso por parte de los países del Este, entre ellos Polonia. Esta pasada semana las capitales europeas llegaron a un acuerdo sobre un mecanismo de emergencia que en la práctica endurece el sistema de asilo e impone un sistema de solidaridad a la carta por el que aquellos países que no quieran alojar refugiados tendrán que pagar 20.000 euros por persona.

A pesar de que este nuevo enfoque supone enterrar las cuotas obligatorias, Hungría y Polonia se siguen oponiendo y amenazan con un nuevo boicot. Como muestra de cómo están los ánimos, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, no ha dudado en utilizar la cumbre de Granada de los líderes europeos como campaña electoral y ha arremetido contra su principal contrincante: “ Europa se enfrenta a una elección fundamental: aceptar o no una inmigración ilegal masiva; todos aquí admiten que el partido de Tusk ha aceptado en los últimos días apoyar el pacto sobre migración , lo que significa que Europa quiere implementar estas soluciones, si el partido de Tusk llega al poder en Polonia, estas soluciones se introducirán ilegalmente, los inmigrantes se distribuirán, como dicen, no de la manera más hermosa, entre los distintos países. Polonia pone un fuerte veto a tal posición”. El 15 de octubre Bruselas mirará a Varsovia esperando que Tusk obre un milagro.