El choque de Netanyahu con la fiscal general acerca a Israel a una nueva crisis judicial

El frente abierto entre el Ejecutivo liderado por Benjamín Netanyahu y la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, amenaza con arrastrar a Israel a una nueva crisis judicial, ya que se espera que el Tribunal Supremo se oponga a los intentos del Gobierno por destituirla. Este jueves, el comité ministerial encargado del caso se reunirá por segunda vez, tras lo que podría recomendar al Ejecutivo su despido.

¿Cómo ha llegado la situación hasta aquí, y qué podría suceder durante los próximos días? Estas claves repasan la intrahistoria del enésimo enfrentamiento entre Netanyahu y el sistema de Justicia israelí. En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento tiene solo una cámara, el fiscal general del Estado es "uno de los principales contrapesos" al Gobierno "en el sentido de que protege el Estado de derecho y la rendición de cuentas de los ministros", explica a EFE en una entrevista Ronit Levine-Schnur, profesora de Derecho en la Universidad de Tel Aviv.

Sus principales roles incluyen ser, durante un periodo no renovable de seis años, el asesor legal del Ejecutivo y liderar la Fiscalía estatal. Pero la imputación de Netanyahu en 2019 por tres casos de corrupción ha generado una "enorme tensión" entre la oficina del fiscal general y la del primer ministro, dice la experta.

Tras su vuelta al poder a finales de 2022, el mandatario, que llegó a ser considerado en su partido como el gran defensor de la independencia judicial, ha protagonizado numerosos enfrentamientos con la fiscal actual, Gali Baharav-Miara, que accedió al cargo a principios de ese mismo año 2022, con un Gobierno anterior.

Mientras, sus principales aliados en el poder, la ultraderecha mesiánica, consideran a la fiscal general como la representación máxima del "Estado profundo", un actor supragubernamental que les impide llevar a cabo su visión de un Estado judío total en Israel y Cisjordania, asegura Levine-Schnur.

Tras algo menos de un año en el cargo, en enero de 2023, Baharav-Miara se encuentra con un dilema imposible: la nueva reforma judicial anunciada por el Gobierno de Netanyahu y que, entre otras medidas, reduce considerablemente los poderes del fiscal general del Estado. La fiscal rompe entonces con el mandatario y le recuerda que su implicación en la reforma es "ilegal", porque supone un "conflicto de intereses" al tener Netanyahu un juicio abierto por corrupción.

Desde entonces, Baharav-Miara ha denunciado repetidamente presuntas irregularidades por parte de los ministros del mandatario, ha puesto trabas a sus intentos por cesar a figuras clave como el jefe del Shin Bet, y ha llegado a solicitar la investigación de varios de sus aliados más cercanos por diferentes escándalos. "Esto es un choque de trenes que lleva mucho tiempo escrito y diseñado", explica a EFE el asesor político israelí Tal Elovits.

Para Elovits, el enfrentamiento con Baharav-Miara beneficia al Gobierno, independientemente de si finalmente logra destituirla o no, ya que permite a Netanyahu y a sus aliados decirle a sus votantes que se han enfrentado al "Estado profundo" y, si el Supremo impide el despido, echarle la culpa a la Justicia de su fracaso. "Incluso si la fiscal general se mantiene en el cargo, que creo que es el escenario más plausible, se verá muy debilitada", opina el asesor.

Un polémico cambio de reglas

Una vez trazado el curso inevitable de la colisión, los aliados del mandatario se ponen a trabajar en un plan para destituir a Baharav-Miara, pero pronto se enfrentan a un problema: el proceso acordado para cesar al fiscal general requiere que un panel de expertos legales, que incluye exministros, exjueces y expertos del mundo académico, dé su visto bueno.

Ante la imposibilidad de conseguir a suficientes miembros para formar el grupo, el Gobierno aprueba, en junio de 2025, cambiar el proceso para que solo sea necesaria la aprobación de un comité ministerial, liderado en este caso por el ministro de ultraderecha Amichai Chikli, uno de los más críticos con la fiscal general. El comité, que ya celebró una primera sesión el lunes, en la que Baharav-Miara se negó a participar, volverá a reunirse este jueves, tras lo que podría dar su visto bueno al Gobierno para cesar a la fiscal.

¿Qué pasa ahora?

La mayoría de expertos espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en contra del posible cese, ya que el Gobierno "ha corrompido tanto el proceso" que no le da mucho margen a la corte para encontrar una solución de consenso, opina Elovits. Sin embargo, el daño ya estará hecho: Netanyahu sentará las bases de un nuevo enfrentamiento con el poder judicial y podrá aprovechar la situación para hacer campaña contra la Justicia.

Levine-Schnur, la profesora de Derecho, tampoco ve muchas posibilidades de lograr un consenso, pero elige el optimismo. "Aunque pensamos que las democracias caen rápido, me gustaría defender lo contrario", dice. "Si hay una tradición fuerte de independencia, de liberalismo, a pesar de los sucesos recientes, estas tradiciones se mantienen. Y confío en la capacidad de Israel para mantener su naturaleza democrática", asegura la experta.

Pero la profesora también advierte de que el Gobierno no se contentará con cesar a la fiscal general. Su objetivo último es la politización de todos los cargos de responsabilidad pública. "A esta gente, solo el pueblo los detendrá", sentencia.