Las FARC evitarán la cárcel a cambio de contar la verdad

El Gobierno colombiano y la guerrilla firman el acuerdo sobre justicia y víctimas, el último gran escollo para alcanzar la paz.

El Gobierno colombiano y las FARC firmaron ayer en La Habana el cuarto punto de las negociaciones de paz, relativo a la reparación de las víctimas y a la justicia transicional, uno de los más delicados de la agenda que se discute en Cuba desde hace más de tres años. El Ejecutivo ha calificado de «histórico» el pacto alcanzado, que según los observadores sitúa el proceso en un punto de no retorno a falta de negociar un último tema, referido precisamente a las condiciones para el fin del conflicto y el desarme. Cabe recordar que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, puso como fecha para la firma del acuerdo global el 23 de marzo. Posteriormente, los colombianos tendrán que votar en un plebiscito el contenido del mismo.

Las dos partes hicieron público ayer el documento completo de 75 puntos en el que se establece la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, si bien ésta no tendrá carácter vinculante. También se constituirá una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas, donde las FARC ayudarán en la localización e identificación de las víctimas. El pacto prevé asimismo un sistema para la reparación integral para la construcción de la paz y una jurisdicción especial para la paz.

Este último aspecto es quizá el más controvertido, ya que estipula sanciones tanto para la guerrilla como para las fuerzas del Estado colombiano que han participado en el conflicto armado más antiguo de América Latina. Dentro de la juridiscción especial para la paz se podrán conceder indultos, y las decisiones del tribunal creado «ad hoc» no podrán ser recurridas judicialmente.

Pese a la adopción de un sistema de amnistía, las partes negociadoras reconocieron que quedarán fuera de dicho proceso victimarios implicados en delitos de lesa humanidad, genocidio, secuestros, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores. Los detractores del acuerdo objetan que los autores de los delitos citados no irán a la cárcel, sino que cumplirán una pena privativa de libertad, de entre cinco y ocho años, en lugares por determinar. Para acceder a estos beneficios, los criminales tendrán que contar la verdad y reparar a las víctimas. En caso de que no reconozcan el delito, sufrirán penas de cárcel de entre 15 y 20 años. También se les garantiza que no serán extraditados a otros países y que podrán participar en política –los autores de delitos de sangre incluidos– una vez que hayan cumplido la sanción.

El acuerdo busca la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos de carácter judicial y extrajudicial. El Gobierno pondrá en marcha las medidas para resarcir a las víctimas, si bien resulta exigencia indispensable el reconocimiento por parte de las FARC de su responsabilidad en el conflicto –su jefe negociador, Iván Márquez, habló de «responsabilidad colectiva»– y su petición de perdón, como hicieron hace una semana al admitir una masacre con 79 muertos en 2002 en Bojayá. La guerrilla también se compromete a trabajar en el desminado, sustitución de cultivos ilícitos, reparación de infraestructuras dañadas y reforestación de tierras dañadas. A su vez, el Gobierno pondrá en marcha planes de retorno. Hasta ahora, el Gobierno y las FARC han logrado acuerdos en el problema agrario, narcotráfico y participación política de los guerrilleros.