Robert (nombre ficticio) se levanta a la 5:00 de la mañana le lunes a viernes para llegar puntual a su puesto de trabajo. Vive en el barrio de Queens, pero la obra de construcción en la que le han contratado hasta diciembre se encuentra en Manhattan. Accede a hablar con LA RAZÓN si su nombre permanece en el anonimato, igual que la calle en la que trabaja, ¨en este sector nos conocemos todos¨, explica, ¨y el tema está delicadito, amiga¨. Llegó de Venezuela hace un año con su mujer y sus dos hijos, de 2 y 3 años, y desde entonces esperan su cita en la corte para que un juez les diga si pueden quedarse en el país. Mientras tanto, viven en un limbo que con las redadas anti-inmigración de Donald Trump se ha convertido en una pesadilla. ¨Sales de casa con miedo, pero claro, hay que seguir comiendo y mi familia depende mi¨. Robert está aterrado, ni siquiera quiere compartir su apellido o su edad a pesar de que este medio le promete que la información no será revelada.

Mientras hablamos, un compañero suyo se une a la conversación. ¨Da igual que tengas papeles¨, asegura categórico, ¨aquí primero detienen, y luego preguntan. Yo tengo muchos amigos que prefieren quedarse en casa hasta que todo se calme¨. Es la decisión que han tomado muchos inmigrantes que temen a los agentes de ICE (servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) que sin previo aviso aparecen con el rostro cubierto dispuestos a detener a todo el que se ponga por delante y luego preguntar.

El problema que enfrentan muchos de estos empleados extranjeros es que si no se presentan en su puesto no cobran el salario del día y corren el peligro de perder el empleo, pero si lo hacen, podrían ser deportados. Difícil decisión, sobre todo después de la detención de alrededor de 100 inmigrantes la semana pasada que se encontraban trabajando en la construcción Perla, un conjunto de apartamentos que se están edificando en Tallahassee, Florida. Los detenidos eran migrantes procedentes de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Honduras, entre otros. ¨Este tipo de medidas de cumplimiento buscan eliminar el empleo ilegal, responsabilizar a los empleados y proteger las oportunidades de empleo para la fuerza laboral legal de EE. UU.¨, señaló Nicholas Ingegno, agente especial de ICE HSI Tallahasse.

La Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) ha denunciado que estas redadas crean un clima de miedo. Reconocen que cada vez menos nacionales quieren trabajar en esta industria, y que ¨si espantamos a la gente que está dispuesta a hacer este trabajo, no sé cómo vamos a poder seguir abarcando este tipo de proyectos¨, ha asegurado Thomas Kennedy, consultor de FLIC en una entrevista con un medio local.

Esta última redada antiinmigración en una obra de construcción ha extendido el miedo entre la comunidad inmigrante y también amenazan con hacer tambalear un mercado laboral que no atraviesa su mejor momento. Hay que preguntarse quien necesita más a quién, si EE. UU. a los inmigrantes o viceversa. De los casi 12 millones de empleados que hay en el sector de la construcción a nivel nacional, el 25% son inmigrantes, representando casi el 60% de los expertos en yeso y más del 40% de los pintores y con mucha presencia en el sector de los suelos, el 40% de los instaladores de alfombras, suelos y placas son extranjeros. Su desempeño se necesita ahora más que nunca porque hay una crisis de vivienda en el país sin precedentes. Según Associated Builders and Contractors, la industria necesitará alrededor de 500.000 nuevos trabajadores anuales la próxima década para satisfacer la mano de obra necesaria.

Actualmente hay cerca de 300.000 puestos vacantes que no se han podido cubrir por la falta de trabajadores, sobre todo nacionales. La profesión cada vez resulta menos atractiva para ellos, pero más interesante para los extranjeros, los mismos que están viendo amenazados su permanencia en el país por el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump. ¨Parece que la pérdida neta de personas dispuestas a trabajar en estas ocupaciones menos cualificadas está provocando una desaceleración general en la industria de la construcción¨, ha señalado Troup Howard, co-autor del estudio y profesor adjunto del Instituto Marriner S. Eccles de Economía y Análisis Cuantitativo de la Escuela de Negocios, ¨en otras palabras, se necesita que alguien venga a enmarcar la casa antes de que los fontaneros y electricistas, relativamente más cualificados, vengan a terminarla¨.

Trump se ha propuesto ahora deportar a 3.000 indocumentados al día. Si consigue llevar a cabo su masiva deportación, el sector de la construcción y otros muchos podrían verde seriamente afectados. El país perdería cerca de 1,8 millones de empleados en la industria a nivel nacional.