La Casa Blanca ha lanzado un órdago sin precedentes a Nigeria, situando a la nación africana en el punto de mira de su política exterior. La administración del presidente Donald Trump ha advertido con una dureza inusual de que sopesa una intervención militar directa, así como la retirada total de la ayuda económica, si no se pone fin a los ataques contra la población cristiana del país. Se trata de una escalada de presión diplomática que tensa al máximo las relaciones entre Washington y Abuya. Esta postura firme abre un nuevo posible foco de conflicto en un momento de gran tensión internacional, donde algunos analistas advierten que Estados Unidos podría enfrentarse a una guerra en tres frentes simultáneamente.

De hecho, el detonante de esta contundente advertencia se encuentra en la violencia que sufre esta comunidad religiosa en el país más poblado de África, con más de 220 millones de habitantes. La preocupación de la administración estadounidense ha llevado a anunciar la intención de volver a designar a Nigeria como «país de especial preocupación» por sus violaciones de la libertad de culto, una categoría que aumenta el escrutinio internacional y puede acarrear sanciones.

Asimismo, la amenaza no se ha quedado en meras palabras. Las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, recogidas por el medio The NY Times, confirman que el Pentágono contempla la opción militar como una posibilidad real. El jefe de la defensa estadounidense ha asegurado que ya se están preparando para la acción, lo que sugiere que los planes de contingencia están sobre la mesa y que el aviso va mucho más allá de la retórica. Esta preparación se enmarca en un contexto de alta actividad para las fuerzas armadas del país, que con frecuencia se embarcan en misiones discretas, como la de un reciente avión militar de Estados Unidos en una operación secreta en otra región del mundo.

La compleja realidad nigeriana frente a las acusaciones

Por su parte, el Gobierno nigeriano no ha tardado en reaccionar. El presidente Bola Ahmed Tinubu ha negado tajantemente las acusaciones vertidas desde Washington, defendiendo la Constitución de su país como una garantía para la libertad de culto de todos sus ciudadanos. Desde Abuya se rechaza de plano la imagen de una persecución sistemática orquestada por el Estado.

Sin embargo, la situación sobre el terreno presenta un panorama de enorme complejidad que va más allá de un simple conflicto religioso. La nación se divide casi a partes iguales entre musulmanes, predominantes en el norte, y cristianos, mayoritarios en el sur. La convivencia se ve constantemente amenazada por grupos extremistas como Boko Haram, cuya brutalidad ha golpeado durante años tanto a iglesias como a mezquitas.

A este terrorismo se suma un polvorín de conflictos locales. Los enfrentamientos por los recursos naturales entre pastores, en su mayoría musulmanes, y agricultores, predominantemente cristianos, dejan un reguero de muertos cada año. El cuadro se completa con una violenta industria del secuestro que opera con gran impunidad, sobre todo en el noroeste, y que no distingue entre las creencias de sus víctimas.