La caída de Draghi paraliza las reformas pendientes en Italia

Por primera vez en la historia de la República, los italianos están llamados a las urnas en otoño, justo cuando el Gobierno tendría que estar poniendo a punto la Ley de Presupuestos, en un contexto, además, marcado por la grave crisis energética y económica derivada de la invasión rusa de Ucrania. La dimisión de Mario Draghi tras perder la confianza de la mayoría parlamentaria que lo apoyaba inaugura un periodo de incertidumbre en el país transalpino porque la convocatoria de elecciones anticipadas deja en suspenso reformas económicas y sociales clave.

Los objetivos incluidos en el plan italiano para acceder a los fondos europeos de recuperación de los que Italia es la mayor beneficiaria de los países europeos, con alrededor de 200.000 millones de euros entre préstamos y ayudas a fondo perdido, son los primeros perjudicados. «Antes de final de año tenemos que alcanzar 55 objetivos del Plan Nacional de Recuperación para obtener una nueva erogación de 19.000 millones», advirtió Draghi en su último discurso ante el Senado, dejando claro lo que está en juego si la crisis compromete su ejecución.

Un estudio de Confartigianato, la asociación italiana de artesanos y pequeñas empresas, va más allá y estima en casi 50.000 millones de euros y 250.000 puestos de trabajo las consecuencias económicas de la crisis política en Italia. «Están en juego muchos de estos 55 objetivos, que dependen de reformas fundamentales para favorecer la competitividad de las empresas, como la reforma de la justicia civil y penal, y la reforma tributaria y de contratación que debería haber desburocratizado y actualizado marcos regulatorios muy antiguos», señala Roberto Boschetto, presidente de la asociación.

Para evitar que las turbulencias económicas vuelvan, el presidente Sergio Mattarella decidió retorcer la Constitución y conceder a Draghi –que seguirá en funciones hasta– poderes especiales que le permitan terminar los deberes pendientes, entre ellos, aprobar el amplio paquete de ayudas dirigido a familias y empresas para hacer frente al aumento del coste de la energía y la inflación.

Según Mattarella, el Ejecutivo en funciones podrá llevar a cabo las reformas que ya están programadas en el Parlamento, así como escribir los decretos de actuación necesarios para no echar por la borda todo el trabajo hecho en los últimos 17 meses. En este apartado se encuentra la reforma de la justicia, que busca agilizar los eternos procesos civiles italianos, así como la de la competencia que, en el plan original de Draghi, incluía la liberalización de las plataformas de taxis, lo que provocó una huelga salvaje de taxistas y el rechazo de la Liga. Ambas reformas fueron exigencias de Bruselas para acceder a los fondos europeos por lo que de su aprobación definitiva depende el futuro del país.

Apenas unas horas después de que Draghi confirmara en la Cámara de los Diputados su decisión de dimitir , el economista presidió un Consejo de Ministros en el que dejó clara su intención de no quedarse de brazos cruzados. «Me llevo un gran recuerdo de estas reuniones. Ya habrá tiempo para las despedidas. Ahora, pongámonos a trabajar». Dicho y hecho. El Gobierno en funciones presentó un proyecto de ley que contempla 14.300 millones de euros en ayudas para trabajadores, empresas y familias para amortiguar el impacto de la crisis.

Sin embargo, otras reformas económicas previstas para los próximos meses, como la digitalización de las administraciones públicas o la financiación adicional para hospitales y centros de salud, volverán a un cajón en espera de que el Ejecutivo que salga de las urnas decida incluirlas en los próximos Presupuestos que deberá aprobar y mandar a Bruselas antes de fin de año.

Si en el plano económico, Mattarella encontró la forma de salvar reformas fundamentales para evitar un futuro encontronazo con la UE, no pudo hacer lo mismo frente a otros proyectos sociales en los que Italia lleva décadas de retraso. Es el caso de la polémica ley contra la homofobia impulsada por el Partido Demócrata y rechazada por la coalición conservadora, que pretendía incluir como delitos de odio la discriminación por motivos de género, orientación sexual o discapacidad. Su discusión en el Senado provocó incluso la protesta formal de la Santa Sede, que apeló al Concordato entre ambos Estados, lo que suscitó la respuesta contundente de Draghi contra la injerencia vaticana.