Maduro cumple y detiene a otros dos magistrados

La patronal venezolana se suma a los sindicatos y apoya el paro general de dos días que comienza hoy en medio de otra ola de represión del régimen.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro

La patronal venezolana se suma a los sindicatos y apoya el paro general de dos días que comienza hoy en medio de otra ola de represión del régimen.

Los venezolanos seguían ayer abasteciéndose preventivamente de combustible y alimentos para la huelga de dos días que comienza hoy para presionar al presidente Nicolás Maduro para que retire la Constituyente. Además, el régimen ha intensificado su aparato represor. Varios dirigentes opositores denunciaron allanamientos y detenciones en Caricuao, una zona del oeste de Caracas donde en días pasados ha habido choques nocturnos entre manifestantes que bloquean las vías y las fuerzas de orden. «Camionetas blancas sin placas están allanando los bloques 17 y 18 de la UD3 en Caricuao. Se han llevado unas 60 personas detenidas», aseguró el diputado Tomás Guanipa en un mensaje que acompañó con una imagen donde se ve a hombres con chalecos antibalas, pero no se identifica el cuerpo de seguridad al que pertenecen.

Además, ayer, funcionarios del Sebin –servicios de Inteligencia– detuvieron en Anzoátegui a otros dos de los 33 magistrados designados el 23 de julio por la Asamblea Nacional. El poder legislativo informó de que los juristas son Jesús Rojas, principal de la Sala Electoral, y Zuleima González, suplente de la Sala Constitucional. Ayer, un tribunal militar decidió también rechazar la libertad condicional de Ángel Zerpa, abogado y magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ, después de haber sido arrestado por supuesto delito de «traición a la patria». Extraoficialmente, se conoce que se encuentra recluido en un baño del El Helicoide –la sede del Sebin– y que el jurista ha comenzado una huelga de hambre, para exigir su libertad.

En total, tres magistrados nombrados por la Asamblea Nacional han sido detenidos, después de que el TSJ ilegítimo, presidido por Maikel Moreno, señalara que la designación es «nula». El 23 de julio, Maduro advirtió que todos los abogados serían detenidos: «A todos les van a congelar los bienes y las cuentas», señaló en su programa dominical. Para el líder opositor Henrique Capriles estas acciones de las Fuerzas de Seguridad representan violaciones a los derechos humanos. «El ‘‘regalo’’ de la plaga madurista para los caraqueños en los 450 años de Caracas! Allanamientos, represión, violaciones a los DD HH!», fue el mensaje del opositor.

Ante la convocatoria del domingo, las gasolineras fueron escenario de largas filas de coches abasteciéndose de combustible y numerosos supermercados de Caracas cerraron con más estanterías vacías de lo habitual, después de que muchos habitantes hicieran acopio de alimentos y otros productos básicos. Por otro lado, ayer una multitud de venezolanos pasó por la frontera a Colombia con el fin de comprar productos de primera necesidad en los supermercados y demás comercios de Cúcuta. Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia, aseguró que por la frontera cruzaron más personas de lo habitual, específicamente hubo un aumento de 5%. La oposición ya paralizó ciudades de todo el país el pasado jueves, durante una jornada en la que se cortó el tráfico en multitud de calles y avenidas; murieron cinco personas y más de 360 fueron detenidas.

Como muestra de apoyo a la oposición, la patronal de Venezuela (Fedecámaras) anunció: «Damos libertad plena a nuestros trabajadores y empresarios a que decidan sumarse a esta convocatoria cívica. Reconocemos y defendemos cualquier mecanismo de protesta ciudadana como expresión democrática, siempre y cuando se mantenga apegada a la Constitución y a las leyes». Fedecámaras ratificó su rechazo a la Constituyente impulsada por Maduro, a la que considera «inconstitucional e innecesaria», e hizo énfasis en que esa «no es la vía para resolver las exigencias de la población». No apoyará ningún proceso constituyente que esté «de espaldas al pueblo soberano», por lo que exige al Ejecutivo de Maduro «abandonar su intención de imponer una nueva Constitución». Las mayores organizaciones sindicales ya han anunciado que piensan adherirse al paro de forma indefinida.