El presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha confirmado este jueves que un total de 52 presos políticos bielorrusos han cruzado la frontera hacia Lituania en libertad. El mandatario ha expresado públicamente su gratitud hacia EE UU y, de forma particular, hacia Donald Trump, a quien ha atribuido un papel clave en la negociación. Según la agencia estatal bielorrusa Belta, en el mismo procedimiento también han sido excarcelados 14 extranjeros, entre ellos seis ciudadanos lituanos, además de letones, polacos, alemanes, un francés y un británico.

Nauseda ha subrayado que la medida constituye un avance de peso y ha recordado que entre las personas liberadas se encuentran opositores políticos, periodistas y manifestantes. No obstante, ha insistido en que la cifra resulta insuficiente ante la magnitud del problema: “Más de 1.000 presos políticos continúan en cárceles bielorrusas, y no podemos detenernos hasta que todos sean liberados”, ha señalado en una rueda de prensa. En cuanto a identidades concretas, Nauseda únicamente ha confirmado que la ciudadana lituana Elena Ramanauskiene se encontraba entre los liberados, después de haber sido encarcelada en Bielorrusia el año pasado bajo acusaciones de espionaje.

El gesto se produce tras meses de presión internacional. Ya en junio, Bielorrusia había excarcelado a 14 presos políticos, entre ellos Sergei Tikhanovskiy, esposo de la líder opositora en el exilio Tatiana Tikhanovskaya, lo que muestra que las liberaciones se han estado produciendo de manera gradual.

El problema de los presos políticos

La situación de los presos políticos en Bielorrusia ha sido una de las principales denuncias de organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos desde las elecciones presidenciales de 2020, ampliamente calificadas como fraudulentas por la comunidad internacional. Tras las protestas masivas que estallaron en Minsk y otras ciudades, el régimen de Aleksandr Lukashenko emprendió una represión sistemática contra opositores, periodistas, activistas y ciudadanos que se manifestaban pacíficamente, lo que ha llevado a miles de detenciones arbitrarias y a sentencias prolongadas en condiciones carcelarias muy duras.

Desde entonces, tanto la Unión Europea como EE UU, así como diversas ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han denunciado la magnitud del problema y han exigido la liberación inmediata de los encarcelados. Aunque se han producido algunas excarcelaciones parciales en los últimos años, los informes coinciden en que más de un millar de personas permanecen tras las rejas por motivos políticos, lo que convierte a Bielorrusia en uno de los países europeos más señalados por violaciones graves de derechos fundamentales.