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Lula desafía a la Justicia y lanza su candidatura

El Partido de los Trabajadores blinda al ex presidente brasileño tras su condena en segunda instancia. Un tribunal electoral decidirá su futuro.

  • El ex presidente Lula asiste ayer a la reunión del Partido de los Trabajadores
    El ex presidente Lula asiste ayer a la reunión del Partido de los Trabajadores
Corresponsal en Iberoamérica.

Tiempo de lectura 4 min.

26 de enero de 2018. 01:53h

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Ángel Sastre Corresponsal en Iberoamérica. 26/1/2018

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) desafía a la Justicia. Lejos de esperar en la sombra a que sus abogados tramiten los recursos en los tribunales, el ex mandatario pretende pasar el carnaval bailando, haciendo campaña. Lula aceptó ayer la propuesta del Partido de los Trabajadores (PT) para ser su candidato en las elecciones presidenciales de octubre.

«No quiero ser candidato para protegerme, mi protección es mi inocencia, y si soy candidato no es para ser absuelto, es para gobernar este país decentemente y recuperar Brasil», dijo en la ejecutiva nacional del partido en Sao Paulo. Lula fue condenado el miércoles a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción, lo que, en principio, impide que sea candidato, aunque hay margen para recursos y la decisión dependerá del Tribunal Superior Electoral. Las opciones de que el ex mandatario concurra a las elecciones son remotas, por lo que Lula pidió ayuda a sus compañeros para que estén atentos durante los próximos meses.

«Los jueces aún tienen tinta en el bolígrafo. Esta candidatura sólo tiene sentido si sois capaces de llevarla a cabo a pesar de que ocurra algo indeseable», dijo, y añadió que su arma más poderosa es exigir «todo santo día» una prueba que demuestre que es culpable. De esta manera el líder izquierdista se convirtió en candidato oficial del PT en una reunión con los principales líderes del partido, donde estuvo escoltado por la ex presidenta Dilma Rousseff y por la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann.

El coordinador de la campaña, el ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, subrayó que la misión principal del partido no es defender la figura de Lula a nivel personal, sino el Estado de Derecho. De hecho, el ex presidente partirá el 17 de agosto desde el Estado de Bahía y recorrerá 28 ciudades de nueve Estados, para concluir la campaña el 7 de septiembre en Maranhao. Lula da Silva recorrerá 3.000 kilómetros.

De acuerdo con el marco jurídico brasileño, la condena en segunda instancia lo inhabilita electoralmente. Pero puede iniciar la campaña gracias a una medida cautelar del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El plazo para la inscripción de candidaturas comienza el 20 de julio y termina el 15 de agosto. Si la candidatura es impugnada, el PT puede reemplazar a Lula hasta el 17 de septiembre, 20 días antes de la primera vuelta del 7 de octubre. De ganar los comicios, Lula recibiría a mediados de diciembre el reconocimiento de un tribunal electoral de que está en condiciones de asumir el cargo, momento en el cual pasaría a tener la protección del fuero privilegiado.

Estas fechas serían postergadas si hay segunda vuelta, como indican las encuestas. Aún en esa circunstancia, su elección podría ser impugnada, dejando el mandato en manos de su eventual vicepresidente. De no ser invalidada su victoria, el proceso podría congelarse hasta el fin del mandato, ya que constitucionalmente en Brasil un presidente no puede responder por crímenes cometidos previamente. Lula enfrenta además otras cinco causas por corrupción, cuyas sentencias podrían truncar sus sueños.

Lula dispone aún de «varias vidas» antes de acabar preso. La defensa tiene hasta hoy para solicitar precisiones o aclarar dudas. No hay plazo establecido para concluir este tipo de proceso, que en general se tramita con celeridad. Si el ex mandatario pierde definitivamente todos los recursos de primera instancia, la defensa puede llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia, la máxima corte del país, para asuntos no constitucionales. Además también tiene 15 días para presentar un recurso especial ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para cuestionar la condena o pedir la nulidad del proceso.

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