El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha reiterado hoy en Nanterre las medidas existentes para combatir la radicalización religiosa e instado a las prefecturas a trabajar en u implementación. Tras un informe sobre los Hermanos Musulmanes la semana pasada, el presidente Emmanuel Macron espera "nuevas propuestas" de Matignon. Durante una visita a la prefectura de Hauts-de-Seine, el ministro afirmó su deseo de "hacer que el Estado sea más eficaz en su lucha contra el islamismo", defendiendo el sistema de Células de Lucha contra el Islamismo Radical (CLIR), existente desde 2019.

Integrados por representantes de los servicios del Estado, estos órganos departamentales, según describe el Comité Interministerial de Delincuencia y Radicalización, tienen como objetivo "atacar los ecosistemas islamistas" mediante "un diagnóstico del estado del islamismo" a nivel territorial, "centralizar" la información sobre este tema y realizar "un seguimiento de las infracciones observadas". En este sentido, Bruno Retailleau pretende desplegar células más reforzadas en las zonas señaladas como más afectadas por el "integrismo islamista".

Se trata de reforzar los controles sobre el terreno, en particular en los clubes deportivos o en las asociaciones culturales, que Bruno Retailleau señaló anteriormente como medios de "infiltración" de los Hermanos Musulmanes en la sociedad. Poco convencido por la presentación ante el Comité de Defensa la semana pasada, Emmanuel Macron espera que su ministro "trabaje en nuevas propuestas".

Poco después de esta reunión, Bruno Retailleau anunció a los senadores "una mejor organización del Estado" en "materia de inteligencia". Anunció que se movilizarán "dos nuevos servicios" del ministerio, entre ellos la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial (DNRT) y la Dirección de Libertades Públicas, que deberá tener "el papel de una fiscalía administrativa".

Incluirá “recopilar pruebas y construir casos con el objetivo de implementar medidas de obstrucción administrativa”, incluso mediante “la terminación de subsidios municipales, el cierre de ciertos lugares y la acusación de personas que inciten al odio”.